La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, no dispondrá las convocatorias a sesiones ordinarias respecto del trámite del juicio político pendiente en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hasta que llegue el momento procesal pertinente.
Aguirre notificó esa decisión al juez constitucional Édgar Romero, quien el 2 de septiembre le otorgó un plazo no mayor de 24 horas, bajo prevenciones de ley, para que informe sobre el cumplimiento de la sentencia en la que concedió una acción de protección por el archivo de tres juicios políticos a ministros del gobierno de Guillermo Lasso, planteada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN), y declaró la vulneración a los derechos del debido proceso.
La presidenta de la mesa de Fiscalización comunicó al juez que se realizarán las acciones correspondientes según la ley orgánica de la Función Legislativa y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto por el juez, esto es: “b) Que se retrotraiga lo actuado hasta el momento en el cual tuvo lugar el retiro de firmas, indicando que esta sentencia no alcanza a los juicios políticos que han sido evacuados y resueltos con posteridad a las resoluciones 009-CEPFCP-2023-2025-JP, 010-CEPFCP-2023-2025-JP y 011-CEPFCP-2023-2025-JP, con la finalidad de no afectar con esta sentencia los derechos de terceros, así como situaciones jurídicas ya consolidadas; c) En consecuencia de lo anterior, se deberá continuar de forma inmediata con el trámite de los pedidos de los enjuiciamientos políticos en contra de 1) Sebastián Corral Bustamante, ex secretario general de Administración Pública y Gabinete; 2) Pablo Arosemena Marriot, exministro de Economía y Finanzas; y 3) Andrea Montalvo Chedraui, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, archivados en virtud de las resoluciones antes detalladas, debiendo la Comisión revisar si se cumple o no con el número de firmas, a la fecha en los términos desarrollados en este fallo”.
La legisladora Aguirre explica que al ser puntos estrechamente ligados, informa que de conformidad con el último inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se continuará con el tratamiento de sustanciación de los juicios políticos, retrotrayéndose al momento exacto del término del tratamiento con informe aprobado por mayoría calificada, que recomendó el juicio político al exministro Juan Zapata; que es el tiempo en que el trámite salió de la Comisión de Fiscalización, para ser conocido por el pleno de la Asamblea Nacional.
Sobre los enjuiciamientos políticos que se encuentren en trámite o pendientes se conocerá en el ámbito de las funciones de la Asamblea Nacional, una vez que se cumplan con las medidas de reparación dispuestas, dado que se retrotrae todo lo actuado hasta el momento del retiro de firmas, sin que se vean afectados los términos y plazos perentorios de prescritos en el ordenamiento jurídico aplicable, añade la legisladora que preside la Comisión de Fiscalización.
Por ello, afirma que desde su presidencia “no se dispondrán las convocatorias a sesiones ordinarias de la Comisión de Fiscalización respecto del marco del trámite del juicio político pendiente en la Comisión de Fiscalización en contra de la Dra. Mónica Palencia, ministra del Interior, esto, hasta que llegue el momento procesal pertinente”.
Además, informa al juez que ha dispuesto a la secretaria relatora de la Comisión la notificación a los legisladores proponentes de los juicios, con el pedido de retiro de firmas, y se atiendan los pedidos presentados en virtud de la adhesión de nuevas firmas de apoyo, verificando si con las adhesiones presentadas se cumple o no con el número prescrito en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para la continuación del trámite de enjuiciamiento político.
Resolución
En la resolución planteada desde la bancada correísta, los 87 asambleístas se cuidaron de incluir el término “desacatar” la sentencia constitucional, y se limitaron a cuestionar que la sentencia emitida por el juez Édgar Romero, según el pleno, interfiriere flagrantemente en la independencia de las funciones del Estado.
Además, autoriza al presidente de la Asamblea Nacional a presentar todos los recursos procedentes dentro de la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón.
En la resolución también se autoriza y se ratifica lo actuado por el presidente de la Asamblea Nacional respecto de la solicitud presentada a la Corte Constitucional para el inicio de la etapa de seguimiento de la sentencia 122-22-JC/23 de 25 de octubre de 2023, y se pronuncie respecto de la sentencia emitida dentro de la causa 17283-2024-01215 de la acción de protección. “Luego de dicho pronunciamiento, la Asamblea Nacional decidirá sobre la continuación o no de los juicios políticos pertinentes en el orden que corresponda”.
Ante la falta de una resolución clara sobre desacatar o no la sentencia judicial, la Comisión de Fiscalización deberá resolver, en la próxima sesión, si continúa o no con el trámite del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, acusada por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas (RC) de supuestos incumplimientos de funciones en la irrupción a la Embajada de México ocurrida en abril pasado y por supuesta falta de accionar y liderazgo en el manejo de la secretaría a su cargo, responsable de garantizar la seguridad interna de los ciudadanos del país.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), no acudió a la sesión del pleno convocada para este martes, 3 de septiembre, pero la mesa que preside está convocada a sesionar este miércoles, en la que se conocería el tema y se deberá tomar una decisión respecto de la suspensión o no de los plazos del juicio político que se tramita al momento en contra de la ministra Mónica Palencia.
Tras un corto debate, el pleno aprobó la resolución planteada por el asambleísta Leonardo Berrezueta, en la que además autoriza al presidente a presentar ante el Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado las denuncias correspondientes contra el juez que sustanció y emitió la sentencia dentro de la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN).
La sala también dispone al Comité de Ética y al Consejo de Administración Legislativa para que inicien los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los asambleístas Inés Alarcón y Xavier Jurado Bedrán, pero esto deberá esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Finalmente, la sala ratificó lo actuado por el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, en relación con su vocería, cuando hace una semana anticipó que el Legislativo desacatará la sentencia del juez que concedió la acción de protección.
Fuente: El Universo
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