La iniciativa para conformar una veeduría internacional que observe la elección de un titular de la Fiscalía General del Estado se enfrenta a dos realidades: la falta de dinero y la incertidumbre en el cumplimiento de plazos en el proceso de selección.
En la última semana se activó el debate entre los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por la elaboración de un reglamento que establezca las etapas para el concurso público de méritos, oposición e impugnación para la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
En abril del 2025, concluye el periodo de la actual fiscal general, Diana Salazar Méndez, y por presión de tres vocales: Nicole Bonifaz López, Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas, se inició el debate, en mesas técnicas, de las reglas que guiarán el proceso.
Sobre la base de un proyecto borrador, la meta es profundizarlo en una reunión a puerta cerrada prevista para el miércoles y discutirlo abiertamente en un pleno que se convocaría para el próximo 6 de septiembre.
Eso fue lo que se consensuó en una plenaria del miércoles anterior.
La polémica que ronda la designación de esta autoridad se debe a que están en curso casos de corrupción en la Función Judicial, como Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, asesinatos de actores políticos; y, en medio de ello, un juicio político que impulsa el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional en contra de la fiscal Salazar.
Entre las propuestas, los consejeros Andrés Fantoni Baldeón y Juan Guarderas Cisneros está el de conformar una veeduría internacional, además de la veeduría nacional que obligatoriamente debe integrarse para velar por la transparencia del concurso.
Esta iniciativa todavía no está clara, ni sentada en el borrador de reglamento. No obstante, de lo que han adelantado los proponentes es pedir apoyo al Gobierno de los Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con ese propósito, Fantoni propició una sorpresiva reunión con Gina Ochoa, representante de la OEA en Ecuador, que se había producido este 30 de agosto, según una publicación del Consejo de Participación en sus redes sociales.
El encuentro fue reservado y se desconocen los detalles de la conversación y de la predisposición del organismo regional para atender esta solicitud.
Aunque las posibilidades son remotas, ya que traer a un grupo de expertos de otros países requeriría de contar con presupuesto y la coordinación con instituciones del Ejecutivo, como el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, ha dicho que esta veeduría es posible y dará legitimidad a la selección, ya que entre “más filtros haya, mientras haya más cernidera, vamos a tener la mejor autoridad electa”.
De otro lado, está la consejera Nicole Bonifaz, expresidenta del organismo, que ve con buenos ojos la intención de contar con una veeduría internacional, pero apela a la falta de dinero para gestionarla, pues el Consejo tendría que cubrir gastos de logística, pasajes aéreos, hospedaje, movilización, instalaciones de trabajo, equipamiento y otras actividades que contempla esta actividad.
“No me opongo a que haya una veeduría internacional, al contrario, sería positivo para el concurso. A lo que voy es que, si vamos a contar con una veeduría internacional, quién va a correr con los gastos. No estoy en contra de formar esta instancia, pero me preocupa lo económico. Y, si bien podría ayudar al concurso, la falta de presupuesto lo que podría generar es que se sigan retrasando las etapas. Lo que sea que implique un gasto más, es un retraso para el concurso”, enfatizó Bonifaz.
En los trece años de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana una vez se creó una veeduría internacional.
El hecho se dio en el 2011, cuyo objetivo fue que acompañe la reforma judicial que promovió el gobierno de Rafael Correa a través de la consulta popular y referéndum de ese año.
Veeduría internacional para la reforma de la Función Judicial del Ecuador, se llamó la iniciativa y se invitó a ocho personajes reconocidos en sus países, que fueron Baltasar Garzón Real, de España; Carolina Escobar Sarti, de Guatemala; Marigen Hornkhol Venegas, de Chile; Porfirio Muñoz Ledo, de México; Marco García, de Brasil; y, de Argentina, Rafael Follonier, Víctor Hugo Foressi y Daniel Gurzi.
Para darle viabilidad, el Consejo suscribió un convenio con el extinto Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, que fue la que desembolsó los recursos.
Ese instrumento se contempló para un periodo de 18 meses de funciones de los veedores y se gestionaron $ 555.770, que se entregaron en dividendos para tres años: 2011, 2012 y 2013.
Los exveedores fueron convocados a trabajar desde un 21 de noviembre del 2011. Pero, oficialmente arrancaron a mediados de marzo del 2012 y presentaron un informe final preliminar en diciembre de ese año.
Actualmente, hacer este tipo de inversión llama la atención de algunos de los consejeros, debido a que el Estado se encuentra en una economía de crisis.
Por ejemplo, el presupuesto para el 2024 que se destinó para el CPCCS fue de $ 7′860.506, de los que $ 6′901.791 se destinan para el pago de salarios del personal. Es decir, poco más del 87 %, según cifras institucionales.
El consejero Guarderas se inclina también por la intervención de organismos internacionales para la elección y gestionó, a través de la Cancillería ecuatoriana, una solicitud de apoyo a los Estados Unidos y las Naciones Unidas y tuvo una respuesta el 12 de agosto pasado.
En el documento se ofrece al Consejo compartir información, como estándares internacionales, que “coadyuven a a la independencia e imparcialidad en las actuaciones” de los funcionarios en el desarrollo del concurso.
Además, ofrecieron que a través de su programa PAcCTO, integrado por representantes de la Unión Europea y los Estados Unidos, harían llegar las recomendaciones para el reglamento.
PAcCTO, por sus siglas en inglés, ‘Europa, Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado’, es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina, dice su portal oficial.
A la escasez de financiamiento, se junta el del posible incumplimiento de los plazos fijados en el reglamento que se apruebe.
El avance normativo reposa con incertidumbre, también por los recursos jurisdiccionales a los que recurren terceros interesados o los postulantes que están inconformes con las reglas del concurso o con las calificaciones que obtienen.
Ejemplo de ello fueron los recientes concursos para elegir a un titular de la Contraloría General del Estado que tardó dos años en terminar con la designación de Mauricio Torres Maldonado, por las constantes acciones de protección que planteaban los postulantes o ciudadanos que sentían afectados sus derechos.
En este caso, a través de una acción de protección se modificó el reglamento para que se asignen puntos por ser mujer como una acción afirmativa.
Así también ocurrió en el actual concurso para renovar parcialmente el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que un postulante impulsó una acción de protección para que se reforme el el articulado para reconocer títulos en otras materias diferentes al derecho electoral.
De contemplarse estos aplazamientos sus efectos tendrían impacto en el funcionamiento de la veeduría internacional por la falta de certezas en el tiempo.
La Corte Constitucional (CC) seleccionó varios fallos sobre estas acciones que involucran la elección de las autoridades de Control que hace el CPCCS para regular su uso. A la actualidad todavía no hay sentencia.
Fuente: El Universo
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