Antonio Gagliardo ex juez de la Corte Constitucional en diálogo con KCH FM Radio y KCH TV manifestó que la C.C en octubre 2023 dictó la sentencia del caso 122-22-JC que es un caso que resolvió el máximo organismo de justicia constitucional cuyos precedentes son de carácter obligatorio y que deben ser respetados y seguidos como si fuera letras de la ley por los jueces de la República.
Gagliardo menciona que fue un caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social , Cruz y sobre aquello no se puede utilizar las garantías constitucionales para resolver conflictos de naturaleza política en buen romance la garantía constitucional no puede mezclarse en asuntos políticos del legislativo ,los juicios políticos tiene naturaleza de políticos y no puede ser que venga un juez de cualquier localidad con una acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón y diga que se tiene que reactivar tres juicios políticos , eso es una intromisión a las actividades de la Asamblea Nacional , es un desconocimiento total del juez o jueza no se sabe si lo hace por ignorancia , corrupción o desconocimiento , cálculo político, presiones no se sabe.
Seguramente esto tendrá que ir a apelación y la Corte Provincial que resuelva este caso improcedente , inconstitucional , ilegal , tiene que declarar el error inexcusable de ese juez que se fue contra un fallo de la Corte Constitucional , cabe indicar que al dictar un fallo la Corte Constitucional es obligatorio a todos los jueces del andamiaje jurídico y no puede ser que un juez de primer nivel quiera irse en contra de un fallo constitucional porque es la interpretación de la ley del máximo organismo.
Ahora bien la asambleísta Inés Alarcón que es parte de la Asamblea Nacional tiene un desconocimiento de estos temas jurídicos y los temas políticos tiene que ser resueltos en la arena política porque son conflictos de carácter político , no son conflictos e carácter jurisdiccional y en esos temas no se deben meter los jueces constitucionales.
Los voceros de una Asamblea Nacional son su presidente y su vicepresidenta y no el secretario que está haciendo comentarios que no toda la Asamblea está sintonizado con lo que está diciendo eso es una arrogación de funciones y la ministra Palencia está en su derecho de haber presentado una acción contra el secretario de la Asamblea Nacional.
En agosto de 2022 se publicó El Uso legítimo de la Fuerza que regula algunos estamentos del orden como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y el año seguido estuvo listo el respectivo Reglamento que es el verdadero marco jurídico y lo que está pidiendo el presidente es que se actualicen estos manuales de acuerdo a la ley porque él no tiene la potestad sino la Asamblea Nacional , para el uso de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, ahora bien señaló el jurista Gagliardo es que los elementos del orden reciban cursos sobre el uso progresivo de la fuerza.
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