La investigación previa por el delito de traición a la patria contra el expresidente Rafael Correa continuó este lunes 19 de agosto último con la versión de la denunciante Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo. La denuncia fue colocada como ciudadana y no como funcionaria pública el 11 de abril pasado.
Núñez asegura que el exmandatario ecuatoriano y líder del movimiento Revolución Ciudadana cometió el delito de traición a la patria al emitir declaraciones de prensa a medios locales y extranjeros pidiendo sanciones para el país e incitando al “pánico”, luego de conocerse la detención del exvicepresidente Jorge Glas en una incursión policial al interior de la Embajada de México, en Quito. Este hecho ocurrió el 5 de abril pasado.
A más de cuatro meses de denunciado el hecho, Ivonne Núñez en su versión habría ratificado que los dichos del “sujeto investigado” sobre posible guerra, incitando y dando a entender sobre el cierre del puerto de Guayaquil, fomentando además de que México reprima al Ecuador no pueden ser considerados como parte de la libertad de expresión, sino son delitos en contra del orden público.
Según la denunciante, el artículo 13, literal b, del Pacto de San José refiere que la libertad de expresión asegura justamente la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o la moral pública.
Nuñez habría referido que las declaraciones del exmandatario se dieron en momentos en que el país se encontraba en estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno (decretos ejecutivos números 110 y 111, del 8 y 9 de enero de 2024, respectivamente). Además, en la versión se habría establecido que la Corte Constitucional (CC) emitió dos dictámenes de constitucionalidad, los números 1-24-EE/24 y 2-24-EE/24, los cuales, anota, señalan que la adopción de medidas extraordinarias en los estados de excepción se dan para atender situaciones imprevisibles.
Como denunciante Nuñez habría solicitado a la Fiscalía que se continúe con la fase de investigación y los peritajes de ley.
