A través del oficio n.º FGE-DSP-2024-007872-O, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Asamblea Nacional que se reactive el juicio político en su contra, el cual se había suspendido, también por pedido suyo, a causa de su embarazo de alto riesgo.
Esto lo reveló la propia institución legislativa a través de un comunicado colgado en sus redes sociales. Y luego ella lo ratificó en un video divulgado por la misma vía.
“Por la transparencia con la que actúo siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud, y con la autorización de nuestro médico puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que este tenga, seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias donde se requiere mi trabajo si descuidar los procesos, como lo hemos venido haciendo en los últimos cinco años y medio. Porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos Vocales, Independencia Judicial, Metástasis, Purga, Plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes”, indicó.
En tanto, la Asamblea Nacional informó que, una vez que culmine su receso, el próximo 2 de septiembre, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocará al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para conocer y resolver sobre la solicitud de Salazar.
El pasado 16 de mayo, la fiscal anunció en redes que estaba embarazada y que había pedido que se suspenda el proceso de interpelación porque tenía un cuadro de alto riesgo.
Ella informó de esta situación a Kronfle días antes de su anuncio; y, por ello, la autoridad elevó una consulta a la Procuraduría General respecto a si se podían suspender los plazos de un juicio político cuando la funcionaria cursa un embarazo delicado o si es que el interpelado presenta una enfermedad catastrófica.
La Procuraduría dio un pronunciamiento a favor de ese requirimiento. El 17 de mayo, el CAL se reunió y decidió aceptar el pedido de Salazar.
El juicio a Salazar es impulsado por el correísmo. Se la acusa de incumplimiento de funciones y de actuar sesgadamente en la investigación de al menos doce casos de connotación nacional. (I)
