La Comisión de Soberanía Alimentaria analizó y aprobó, con 8 votos favorables, el texto final del informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca.
Según versa el informe, el proyecto tiene como objetivo redefinir la legislación relacionada con el sector agropecuario y pesquero del país, con el fin de fomentar el desarrollo sostenible y la competitividad de estas actividades económicas.
Las y los legisladores de la comisión coincidieron en que, “el sector agropecuario y pesquero carece de jerarquía constitucional y su legislación actual está totalmente desarticulada y desintegrada, por lo que es necesaria la construcción de esta normativa”.
Para la elaboración del informe se recibieron 21 participaciones de actores privados, públicos y sociales, quienes aportaron con observaciones a los 84 artículos del código, divididos en 12 títulos como: soberanía y seguridad alimentaria; sostenibilidad ambiental; precio justo; desarrollo rural y agroforestal; agricultura urbana, entre otros.
El texto recoge que los beneficios de este código serán las personas que se dediquen a la producción agropecuaria, en sus tres sectores: agricultor, ganadero, pesquero y a la prestación de servicios destinados a estas, así como su atención prioritaria de parte del Estado.
También se normará el Registro Nacional de Productores Agropecuarios, la Credencial y el Censo Agropecuaria y Pesquero, y se fortalecerá el Consejo Nacional Agropecuario, como un organismo que ejecutará las políticas públicas en la temática en todo el país.
Los legisladores resaltaron que el código facilita el acceso a créditos preferenciales, a largo plazo con años de gracia, y a los contratos de venta a futuro, como garantía para los créditos en el sector agropecuario. También, “como una garantía en la entrega de semillas certificadas de alto rendimiento, repoblamiento y mejoramiento genético bovino, reparación integral a los ganaderos, en casos de abigeato, entre otros aspectos”.
Una vez aprobado, el informe será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, con la finalidad de que convoque al primer debate del Pleno Legislativo.
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