Un nuevo reglamento propone el vocal Juan Guarderas para elegir a tres miembros del CNE, aunque el concurso lo haría la misma veeduría y comisión ciudadana.
La elección de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) podría entrar en discusión en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aunque sin un informe legal que dé alternativas para «unificar» dos concursos públicos.
Quedan cuatro meses para que los actuales vocales del CNE: Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Elena Nájera y Esthela Acero, cumplan su periodo de seis años en funciones, sin que el Consejo de Participación Ciudadana haya hecho los concursos públicos para escoger a sus reemplazos, como lo determina la Constitución.
El mandato legal establece que el CNE se integrará por cinco consejeros principales y suplentes, que ejercerán sus funciones por seis años. Se renovará parcialmente cada tres años: dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente.
El Consejo se encuentra en periodo electoral preparando las elecciones generales del 2025 y el 12 de septiembre convocará oficialmente a votar el 9 de febrero y, con ello, su estatus de ‘máxima autoridad’ impedirá que autoridades extrañas intervengan en sus actividades. Sin embargo, las leyes vigentes no refieren impedimento para el cambio de consejeros en etapas electorales.
El 22 de noviembre del año en curso, los cinco consejeros principales y sus suplentes acaban su periodo y hay inquietud.
El consejero José Cabrera comentó que, en el caso que el Consejo de Participación Ciudadana concluya con los concursos públicos y elija a sus reemplazos, él no dudará en despedirse de sus funciones.
De lo contrario, cree que la Procuraduría General del Estado y el mismo CPCCS tendrían que tomar decisiones ante una posible acefalía en la institución, ya que su periodo de seis años habrá concluido.
En pronunciamientos anteriores, la Procuraduría ha concluido que los funcionarios del nivel jerárquico superior y de los mismos vocales electorales deben mantenerse en sus cargos hasta que sean legalmente reemplazados.
Pero si no se alcanza a elegir a sus sucesores, tendría que haber un nuevo criterio jurídico y el CPCCS, como autoridad nominadora, podría resolver su permanencia hasta que acaben los concursos, opina Cabrera.
En tanto, desde junio del 2023 están detenidas las actividades de la comisión ciudadana de selección, que fue conformada para elegir a dos consejeros de una primera renovación del CNE que debió hacerse en noviembre del 2021.
El proceso se quedó encallado en la fase de calificación de méritos de 165 postulantes habilitados.
Para agilizar la renovación total, es decir, de los cinco vocales, el Consejo de Participación Ciudadana consultó a la Procuraduría si podía «unificar» la elección de las dos autoridades (que está detenido desde junio del 2023) y el de tres.
La Procuraduría respondió que es viable, pero aún se analizan las alternativas legales para proceder.
El consejero Juan Guarderas Cisneros, quien se atribuye la iniciativa de unificar los concursos, tiene una propuesta que la pondría a discusión en la sesión de este miércoles convocada para las 10:00.
Su despacho preparó un calendario en el que plantea convocar al concurso de renovación de tres consejeros del CNE, el 29 de agosto y terminaría el 22 de noviembre con la designación de los cinco.
¿Quién haría el concurso? La misma comisión ciudadana que se conformó en el 2022 y está vigente a la actualidad, pero incompleta, pues varios de sus integrantes renunciaron.
La idea de Guarderas es aprobar un nuevo reglamento para elegir a los tres vocales, con la propuesta de que las personas que están compitiendo ahora por las dos vocalías del CNE podrán postularse para llenar las tres vacantes.
Pero si alguien gana en los dos concursos solo se le validará una elección, y se escogería al aspirante que le sigue en la lista de los mejor puntuados para ser uno de los tres vocales que falten.
Su borrador de reglamento sugiere una calificación a los candidatos por 80 puntos y no de 100: 50 en méritos y 30 en un examen escrito de conocimientos.
Introduciría un nuevo requisito para la comisión ciudadana —que se conformó en noviembre del 2022— para que presenten una declaración de no tener conflictos de interés personal o profesional.
Empero, en el 2022, cuatro exvocales del CPCCS fueron censurados y destituidos en un juicio político por hacer reformas reglamentarias a lo que fue el concurso de designación del titular de la Contraloría General.
En el presente escenario, la comisión ciudadana fue conformada con otro reglamento, cuyos postulantes cumplieron una serie de requisitos establecidos por el CPCCS.
Adicionalmente, el proyecto sugiere que quienes postulen a ser consejero electoral, entre otros requisitos, entreguen una carta de respaldo de una universidad, sindicato u organización social «apolítica». (I)
Fuente: El Universo
