La transición hacia la descarbonización en América Latina enfrenta serios desafíos debido a la continua dependencia de los combustibles fósiles, y Ecopetrol, la principal petrolera estatal del país, no es la excepción. Sin embargo, para el caso de esta compañía, la necesidad de financiamiento por medio de crédito es un riesgo latente para su calificación, señala un informe de Moody’s.
Según este documento de la firma, la región cuenta con un bajo nivel general de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aunque ha visto retrasos en la implementación de políticas estrictas de reducción de emisiones. Esta situación complica los esfuerzos para alinear el sector energético con los objetivos globales de sostenibilidad, presionando a compañías como Ecopetrol a adaptar sus estrategias.
En el contexto latinoamericano, las compañías petroleras nacionales, muchas de ellas estatales, enfrentan crecientes demandas para abordar el cambio climático. Sin embargo, la firma Moody’s señala que la legislación en la región sigue siendo débil, y las empresas disponen de fondos limitados para enfrentar la descarbonización, lo que agrava el riesgo de deterioro en su calidad crediticia.
La exposición de Ecopetrol a estos riesgos se refleja en la alta puntuación en el sistema de puntuación ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo), destacando una vulnerabilidad significativa ante los desafíos de la transición energética.
Colombia, que se ha comprometido a alcanzar la «neutralidad de carbono» para 2050, enfrenta un dilema complejo, señala el informe. Aunque el país tiene objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de GEI y diversificar su matriz energética, también debe equilibrar estas metas con la necesidad de asegurar un suministro energético confiable.
La generación hidroeléctrica, que representa una gran parte de la energía del país, se ha visto afectada por sequías, lo que aumenta la necesidad de una transición hacia fuentes de energía más confiables, según el informe de Moody’s.
Ecopetrol ha iniciado un programa para reducir las emisiones de GEI, enfocándose en la eficiencia energética y en la inversión en energías renovables. La compañía planea destinar entre US$6.000 y US$7.000 millones en 2024 para proyectos relacionados con la transición energética, lo que representa casi la mitad de su inversión de capital.
Sin embargo, la necesidad de contraer más deuda para financiar estas inversiones podría presionar su calidad crediticia, advierte Moody’s. El gobierno colombiano también enfrenta la necesidad de equilibrar sus esfuerzos de descarbonización con el mantenimiento de una infraestructura energética adecuada para enfrentar las fluctuaciones en el suministro.
A pesar de los avances, el camino hacia la descarbonización en Colombia sigue siendo complicado, señala la firma. Los problemas de seguridad, las tensiones con las comunidades locales y la incertidumbre en torno a la futura oferta de gas natural podrían afectar la capacidad del país para cumplir con sus objetivos climáticos.
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Sobre el caso del gas natural, el informe publicado por la firma señala que la necesidad de encontrar fuentes de suministro externo de este energético ante una escasez prevista para los próximos años. Esto llevará a que tanto el Gobierno como la compañía deben manejar las opciones de suministro como la importación, incluyendo las inversiones que esto requerirá.
Esto será fundamental para la matriz energética, que es mayoritariamente hidráulica y térmica, con lo que una caída en la disponibilidad de gas podría afectar el abastecimiento eléctrico en momentos de sequía. Esto es especialmente relevante en la medida en que los proyectos renovables se han enfrentado a retrasos.
La firma señala que el Gobierno “debe equilibrar la reducción de carbono garantizando un suministro adecuado de gas local para afrontar la sequía y la caída de las reservas, mientras promueve las energías renovables y evalúa el futuro de los contratos de exploración de petróleo”.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio