Un equipo de trabajo del PNUD en Ecuador presentó un diagnóstico del funcionamiento de esta herramienta. El CNE no ha tomado decisiones.
La adaptación de una plataforma de voto telemático para los ecuatorianos en el exterior no ha dejado de estar en debate dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, por el momento, no ha sido descartado para lo que serán las elecciones generales del 2025.
Para la organización de las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos del 9 de febrero del 2025, el Consejo Nacional Electoral aprobó un presupuesto de $ 91′707.668, en el que no se precisó la asignación de un porcentaje para encaminar un proyecto de voto telemático para los migrantes ecuatorianos tras lo ocurrido el 20 de agosto de 2023 en las elecciones anticipadas presidenciales, cuando falló el sistema.
El presupuesto, entre otros valores, asignó $ 3′973.879 para el voto en el exterior y más de $ 10,2 millones para fortalecimiento tecnológico.
El padrón electoral preliminar contiene a 13′737.030 ecuatorianos, de los que más de 400.000 son residentes en las tres circunscripciones del exterior y para el 9 de febrero próximo está previsto que sufraguen de forma presencial.
No obstante, se conoció que hay un equipo de trabajo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) que estaría discutiendo con autoridades y funcionarios del Consejo para retomar la implementación de esta herramienta.
La iniciativa se debate en reserva y en un primer paso se presentó un diagnóstico sobre los beneficios y debilidades del voto telemático y cómo ha funcionado en otros países, como Estonia, México y El Salvador.
Se analizó también lo ocurrido con la empresa AntroProyectos S. C., cuya propuesta de voto telemático falló en los comicios generales anticipados de 2023, lo que obligó al CNE a anular el proceso y repetir la jornada en la segunda vuelta de la dignidad de asambleístas en el exterior.
A la par, la Contraloría General del Estado hizo un examen especial al contrato, en el que detalla hechos presumiblemente irregulares y en los que varios funcionarios de las áreas de tecnología que participaron de la adjudicación habrían incumplido la Ley Orgánica de Contratación Pública.
El informe final del organismo se aprobó el 17 de julio de 2024 y relata que el 20 de agosto de 2023 hubo interrupciones por cuatro horas y el resultado del escrutinio dio cuenta de inconsistencias numéricas en 364 actas.
Constató que la contratación no se hizo sobre la base de un estudio de factibilidad para el voto telemático (por teléfono móvil o computador) de 409.250 electores de 101 zonas del exterior; que no se hicieron análisis de la capacidad operativa y de la infraestructura; tampoco técnicos de los componentes en función de las necesidades del CNE y que esté acorde con el número de electores.
Hasta la fecha, según se informó, la contratista no ha remitido un informe específico al CNE que esclarezca qué ocurrió. Había informado que hubo 786 registros de votos con inconsistencias en el código interno de identificación y un ataque al DOS que provocó una alta ocupación de los recursos en los servidores.
El CNE terminó unilateralmente el contrato y recuperó el valor total que ascendía a $ 821.000. Y la presidenta Diana Atamaint Wamputsar había denunciado el hecho en la Fiscalía General del Estado.
El PNUD mantiene un programa de fortalecimiento democrático de la institucionalidad electoral con el CNE y un equipo de trabajo había propuesto retomar el proyecto de voto telemático, para lo que planteó cuatro alternativas de las que solo dos serían las viables a corto plazo.
La primera, reutilizar el código desarrollado por la empresa pública ESPE Innovativa de la Universidad de las Fuerzas Armadas, que fue contratada por el Consejo para la votación telemática en las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023 y de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y un referéndum.
Se sugiere al CNE empezar desde «cero» y de ser el caso, buscar el apoyo de ESPE Innovativa, por lo menos en los primeros ejercicios en tanto completan la transferencia de conocimientos y tecnología.
La otra opción es contratar un servicio externo con experiencia comprobada y que incluya todos sus componentes.
Adicionalmente, se propone que esta modalidad de votación se eleve a un nivel de proyecto institucional con una unidad especializada, con un gerente, presupuesto y equipo de trabajo.
La propuesta se había discutido con los vocales electorales, pero hasta el momento no se lo ha puesto en el pleno para su conocimiento o debate. (I)
Fuente: El Universo
