Por resultar oneroso el pago de 55 mil dólares anuales y no ser necesario, la Cancillería ecuatoriana argumentó la Denuncia del Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, según explicó la embajadora Isabel Albornoz, en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.
La delegada del ministerio de Relaciones Exteriores informó que este Acuerdo entró en vigor el 31 de julio de 1995, al que Ecuador se adhirió en 2011. “La membresía en aquel tanque de pensamiento resulta onerosa, además el Ecuador cuenta con equipos especializados para las diferentes negociaciones”, aseguró.
Tras los comentarios de los legisladores Ricardo Ulcuango y Gustavo Mateus, el presidente de la mesa legislativa, Jonathan Parra solicitó al ministerio de Relaciones Exteriores los documentos técnicos, que servirán de sustento para el informe.
De conformidad con el artículo 419 de la Constitución: “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional”.
Respecto al tema, en comisión general, Sebastián Espinosa, docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, explicó el contenido de la institución jurídica de la denuncia de un tratado internacional. Recordó que la terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del trabajo o de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados.
AM
