La Comisión de Relaciones Internacionales convocó a la canciller Gabriela Sommerfeld para que informe su punto de vista sobre la denuncia del Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, al que pertenece Ecuador.
La canciller no asistió a la sesión virtual de este 25 de julio de 2024 y delegó a un equipo conformado por Isabel Albornoz, subsecretaria de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional; Luis Arellano, subsecretario de Asuntos Multilaterales; y María Mosquera, parte del área de Asesoría Jurídica de la Cancillería.
Albornoz explicó a la mesa legislativa que la decisión de denunciar el acuerdo de adhesión con el Centro del Sur responde a la situación económica de Ecuador.
¿Qué es el Centro del Sur?
El Centro del Sur es un organismo intergubernamental integrado por varios países y entró en rigor desde 1995. Ecuador se adhirió en 2011.
La subsecretaria de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la Cancillería explicó que la organización es un centro o tanque de pensamiento que elabora estudios y brinda asesorías a los piases en desarrollo que requieren apoyo para estructurar sus posiciones en los complejos procesos de negociación, en los Foros de las Naciones Unidas y otros espacios.
Recalcó que Ecuador cuenta con una fortalecida institucionalidad en el ámbito internacional con entidades como la Cancillería, conformada con funcionarios capacitados para posicionar los intereses del país en diferentes procesos de negociación. Añadió que también está el Ministerio de Comercio Exterior capacitado para temas competentes.
Membresía anual cuesta 55 mil dólares
Albornoz justificó que la información que genera del Centro del Sur puede obtenerse a través de otras fuentes oficiales. Por lo que “la membresía en dicho tanque de pensamiento resulta demasiado onerosa para el Estado ecuatoriano, en comparación con la de otros organismos de los cuales el Ecuador es parte”.
Y es que el Centro del Sur se mantiene a través del pago anual que realizan los Estados miembros de cuotas, según contribuciones voluntarias definidas desde 2005. Ecuador comprometió el pago de 55 mil dólares anuales.
Sin embargo, debido a la compleja situación fiscal del país no se ha podido cumplir las cuotas de los últimos años. Eso “pasa a ser una carga bastante pesada”, dijo la funcionaria al reiterar la necesidad de dar paso a la denuncia de este acuerdo.
Sebastián Espinosa Velasco, docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, aportó observaciones jurídicas a la mesa legislativa. Indicó que la decisión de la Cancillería requiere de un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, con base al artículo 120, numeral 8.
Esa norma determina que una de las atribuciones de la Asamblea es aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda. Pero revertir la adhesión implica observar otras normas, por lo que el experto recomendó a los legisladores solicitar información y comparecencias para formar su criterio.
Abandonar la adhesión del Centro del Sur permitirá optimizar los recursos y destinarlos al pago de cuotas de organismos internacionales donde es necesario mantener el derecho al voto y la presencia internacional, refirió Albornoz.
Mientras que el legislador correísta, Ricardo Ulcuango, criticó que el Gobierno “pretende eliminar ese acuerdo, que en su momento puede servir”.
Fuente: Diario Expreso
