En abril termina el periodo de Diana Salazar en la Fiscalía y el CPCCS no arranca con la organización del concurso público para formar la comisión ciudadana.
Crisis de gobernabilidad, las elecciones generales del 2025, denuncias electorales son algunos de los elementos que confluirían en el desarrollo del concurso público para la elección del titular de la Fiscalía General del Estado que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que podrían tomar entre ocho y nueve meses.
El 9 de abril del 2025 termina el periodo para el que fue electa la actual fiscal general, Diana Salazar Méndez, mientras el Consejo de Participación Ciudadana está sumergido en una serie de conflictos internos derivados de la elección de autoridades estatales, que es una de sus atribuciones constitucionales.
Actualmente tiene una docena de procesos de elección de autoridades en la lista de pendientes, pero en este 2024 hay tres que concentran el interés:
- Los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral, ya que los actuales, Diana Atamaint, Esthela Acero, Elena Nájera, José Cabrera y Enrique Pita, terminan su periodo de seis años el 21 de noviembre. Hay una comisión ciudadana que está cargo de organizar el concurso de renovación de dos integrantes.
- Los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) que son designados por ternas propuestas por cinco instituciones del Estado, en cuyo caso, el procedimiento es corto porque solo está a cargo del CPCCS. El CJ está incompleto y con un recién nombrado presidente, Mario Godoy Naranjo, pero el 9 de enero del 2025 termina su periodo de seis años.
- La primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, en el que su autoridad, Diana Salazar Méndez, termina sus funciones el 8 de abril del 2025, al completar los seis años.
Este último proceso requiere de la conformación de una comisión ciudadana de diez personas, electas por concurso público. El método toma entre tres o cuatro meses.
La crisis de gobernabilidad en la que vive el CPCCS tendrá efectos en los concursos públicos, por los criterios de sus siete vocales que están fraccionados entre Mishelle Calvache y Andrés Fantoni; Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. Johanna Verdezoto y Juan Guarderas están indefinidos.
En el caso de que no concluya el concurso, el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en su artículo 283 establece que el periodo de funciones de un fiscal general será de seis años, sin posibilidad de reelección y “cumplido el periodo, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo”.
Esta selección tomaría entre cuatro o cinco meses, con base en procesos elaborados en años anteriores.
El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, consideró que por ahora sus colegas están trabajando individualmente en propuestas reglamentarias para discutirlas en el pleno.
Pero le preocupa que los postulantes o terceros interesados interpongan recursos de acciones de protección para demorar las etapas.
Andrés Fantoni y Mishelle Calvache están alertas de que en los próximos días se arme una nueva mayoría entre los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto y Nicole Bonifaz y los remuevan de las dignidades de presidente y vicepresidenta, respectivamente.
Ello dará un giro a la institución.
Otro elemento son las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos de febrero del 2025, que podrían desgranar el cuerpo colegiado.
Luego que la Asamblea Nacional reformó la ley del CPCCS y eliminó la prohibición para que un consejero pueda postularse a una candidatura política de inmediato, figuras como Augusto Verduga son promocionados por el movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC), para que forme parte del binomio presidencial o encabece la lista de asambleístas nacionales para el periodo 2025-2029.
Aquellos que decidan postular a una dignidad de elección popular tendrán que renunciar a sus cargos y subirán los suplentes.
Otro escollo son dos denuncias que se presentaron en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por ciudadanos que acusan a Verduga, Yadira Saltos y los suplentes, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga de haber hecho campaña electoral anticipada.
Una denuncia similar se presentó en contra de Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz.
Esto ocurre a propósito de una reciente sentencia del Tribunal, en el que sancionó al exconsejero Alembert Vera Rivera por haber sido promocionado por la RC en época de campaña electoral, pese a prohibiciones legales.
La Corte Constitucional (CC) tiene en trámite una causa que escogió de oficio para emitir jurisprudencia. El objetivo es detener el uso de recursos jurisdiccionales, como acciones de protección, para detener o retrasar los concursos públicos.
Por el momento, la causa está bajo el análisis de la jueza constitucional Daniela Salazar. (I)
Fuente: El Universo