La legisladora del correísmo respondió diciendo que las afirmaciones de la fiscal no son ciertas y que no ha asistido a ninguna sesión del CAL.
La fiscal Diana Salazar aseguró que Gissela Garzón, legisladora de la Revolución Ciudadana, sí tuvo acceso a la historia clínica y demás documentación relacionada con su embarazo; que fue presentada solo al Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional; y que toda esta información, que tenía carácter reservado, luego fue puesta en conocimiento del expresidente Rafael Correa.
Según la fiscal, Garzón accedió a la información durante una sesión del CAL a la que fue invitada. Se trataría de la reunión en la que solicitó que se evalúe cada tres meses el estado de salud de Salazar, quien tiene suspendido un juicio político en su contra debido a que presenta un embarazo de alto riesgo. Este pedido no fue admitido.
“Luego ella de conocer esta situación de carácter privado, fue expuesta en la cuenta de X por el prófugo de la justicia, que utiliza sus redes sociales para difamar. Es él quien, luego de que la asambleísta Gisella Garzón tuvo acceso a los detalles de mi diagnóstico, indica que es un fraude democrático y hace referencia al número de semanas que yo tengo y que nadie ha tenido acceso”, explicó en una entrevista en el programa Visionarias.
Salazar indicó que luego de esta situación presentó, en calidad de ciudadana, una denuncia en la FGE para que se realicen las investigaciones del caso y se determine la responsabilidad de las personas que le entregaron la información a Correa para “difamar y hacer mofa” de su estado de salud.
Ante lo manifestado por la fiscal, Garzón respondió en su cuenta de X y aseguró no haber asistido a ninguna sesión del CAL, y apuntó que las afirmaciones vertidas por Salazar “no son ciertas” y que pedirá a Visionarias un espacio “para poder esclarecer y ampliar el tema”.
“Estas afirmaciones no son ciertas. Como muestra la gráfica, no formo parte del Consejo de Administración Legislativa; por lo tanto, no recibo ninguna convocatoria a las sesiones de ese espacio. En apego a la ley, pedí se incluya como punto del orden del día el tratamiento del tema, no que se me invite a mí”, explicó.
Antes de que Garzón se pronuncie, el expresidente Correa lo hizo también y arremetió contra Salazar llamándola de nuevo “Lady impericias” y diciendo que “está perdiendo hasta la cordura o inventará algún cuaderno con su historia clínica que, según ella, se ha publicado”.
Sobre la denuncia que enfrenta Garzón, se conoció que se enmarca en el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proceso está a cargo de la Unidad de Fuero de Corte Nacional n.º 3 de la Fiscalía General del Estado.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, delegó a Alexandra Zurita, y/o a un agente fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional para la práctica de las diligencias y la suscripción de los oficios de este impulso fiscal.
En tanto, aunque por ahora el pedido de juicio político contra la fiscal Salazar está en pausa, la acusación se basa en un supuesto incumplimiento de funciones al cometer una supuesta omisión en la investigación de crímenes de lesa humanidad en las protestas de octubre de 2019, por falta de investigación en el presunto delito de tráfico de influencias en Petroecuador o por la impunidad en el caso vacunas VIP.
También en el proceso constan las acusaciones de supuestas omisiones en la investigación de varios casos de corrupción como caso León de Troya, caso Encuentro, caso INA Papers o Sinohydro, entre otros. Son doce las acusaciones.
El pasado 8 de mayo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, envió a la Procuraduría General del Estado (PGE) dos consultas legales para aclarar si procede o no la suspensión de la sustanciación de un juicio político a una autoridad que enfrenta un embarazo de alto riesgo -dado que la fiscal presentó documentación de su delicada condición- y si también aplica en el caso de una persona con enfermedad catastrófica.
El procurador Juan Carlos Larrea envió la respuesta a Kronfle el jueves 16 de mayo, donde concluyó que el CAL y la Comisión de Fiscalización pueden “suspender la sustanciación y tratamiento del respectivo juicio político”, a fin de garantizar los derechos de la mujer interpelada que tenga un embarazo de alto riesgo, “para así tutelar la protección prioritaria a la salud integral de la madre y precautelar el interés superior del niño” y salvaguardar el derecho al debido proceso.
La suspensión procederá “en aquellos casos debidamente justificados, en los cuales una autoridad interpelada se encuentre en estado de gestación y sea diagnosticada con alto riesgo en el embarazo”, consta en el oficio.
El procurador sustentó su respuesta en los artículos 12 y 29 de la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, así como en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La suspensión durará hasta que la situación sea superada. (I)
Fuente: El Universo
