El Tribunal Contencioso Electoral acumuló las dos denuncias presentadas. El consejero Augusto Verduga afirma que no hubo infracción.
Para el 24 de julio estaba previsto que se realice en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la audiencia de primera instancia por presunta infracción electoral grave en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como los suplentes Eduardo Franco y Vielka Párraga. Sin embargo, la diligencia fue diferida por el juez electoral Fernando Muñoz, ya que se acumularon las dos denuncias que existen sobre el mismo tema.
La primera denuncia fue presentada el 24 de junio por Pamela Troya y Santiago Becdach, excandidatos al Cpccs, y recayó en el juez Muñoz. Posteriormente, la abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio Control Ciudadano, ingresó otra denuncia similar que fue puesta en conocimiento del juez Guillermo Ortega, quien dispuso la acumulación de los dos recursos interpuestos.
Los accionados Verduga, Saltos, Franco y Párraga fueron parte del grupo de candidatos que en las elecciones de febrero de 2023 formaron la autodenominada “Liga Azul”.
Los denunciantes los acusan de haber cometido una infracción electoral grave, argumentando que sus candidaturas fueron promocionadas por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), lista 5, y por su máximo líder, el exmandatario Rafael Correa, vulnerando así la norma vigente, la cual prohíbe que los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana pertenezcan a una organización política, ni tampoco que sean promovidos o auspiciados por agrupaciones políticas.
Pamela Troya explicó a EL UNIVERSO que ella y Becdach fueron notificados la noche del martes 16 de julio con la disposición de postergar la audiencia. Comentó que es normal la acumulación de las denuncias; además, dijo, con el diferimiento de la diligencia se espera que en este tiempo se pueda notificar a Eduardo Franco Loor, a quien hasta ahora no se ha podido localizar.
Recordó que su acusación se fundamenta en varios hechos que, según ella, evidenciaron que no se respetó la norma vigente durante la campaña. Señaló que en “las pruebas” adjuntadas hay dos videos publicados en redes sociales. Uno de ellos es un conversatorio que los miembros de la “Liga Azul” -vestidos con camiseta de color azul, color similar al de la RC- tuvieron con Rafael Correa.
El otro video es de un mitin político del cierre de campaña de la Revolución Ciudadana, en Guayaquil, donde Marcela Aguiñaga -entonces presidenta de la RC y candidata a prefecta del Guayas- presentó a Rafael Correa, quien se conectó virtualmente al evento; el exmandatario, en su intervención, dijo que para las elecciones del Cpccs debían votar por los candidatos de la “camiseta azul” y aclaró a qué candidatos se refería, nombrado a los siete, entre ellos los hoy denunciados.
Troya y Becdach se animaron a plantear la denuncia más de un año desde de las elecciones de febrero de 2023, impulsados con la sentencia que el juez electoral Fernando Muñoz impuso en mayo a Alembert Vera -miembro de la Liga Azul y expresidente del Cpccs-, por incurrir en una infracción electoral grave, ya que fue promocionado en redes sociales por una organización política.
La causa contra Vera fue promovida por Juan Esteban Guarderas, quien se convirtió en consejero principal del Cpccs, tras la destitución de Alembert Vera, en octubre por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional. En el dictamen del TCE, de mayo, el organismo estableció que las redes sociales también deben ser parte del control electoral.
“El artículo 7 del reglamento para promoción de candidatos y candidatas del Cpccs, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dice claramente las prohibiciones; está claramente especificado que ningún partido político, ningún movimiento político, ninguna organización social, ningún funcionario público y ningún ciudadano puede hacer proselitismo, ni a favor ni en contra de ningún candidato o candidata al Cpccs”, remarcó Troya.
El consejero Augusto Verduga rechazó los señalamientos en su contra y niega que él o los demás hayan cometido alguna infracción electoral. Aseguró que no existe ningún impedimento para que Rafael Correa, como ciudadano, exprese cuál es su decisión para votar en elecciones. Que tampoco hay inconvenientes con haber participado con él en alguna entrevista.
Verduga está convencido que detrás de las denuncias está la intención de frenar su posible candidatura presidencial, ya que su nombre es considerado para liderar el binomio de la Revolución Ciudadana en las elecciones presidenciales de 2025.
“Cuando presentaron la denuncia contra Alembert Vera solo la presentaron contra él y no contra los demás que ahora dicen que estamos exactamente incurriendo en la misma infracción electoral. La pregunta es por qué se demoraron un año y dos meses en presentarla. Esto justo sale cuando comienza ha hacerse eco en redes sociales el asunto de la eventual candidatura a la presidencia. Para mi no es coincidencia que justo se haya presentado en este tiempo. Esto tiene poco que ver con garantizar realmente la transparencia”, zanjó el consejero, al tiempo de indicar el 16 de julio, con su abogado, respondería la denuncia ante el TCE.
Verduga comentó que sería “descabellado” que el TCE considere a las redes sociales dentro de la campaña, porque en las elecciones de 2023, conforme al reglamento de la época, esas plataformas no estaban reguladas dentro del control electoral. “Eso hace parte del ejercicio de la libertad de expresión que tiene cada persona de decir cuál persona es idónea o no para ejercer un cargo”, agregó.
Sobre que la denuncia busca impedir la candidatura presidencial del actual consejero, Pamela Troya lo descartó y ratificó que fue una coincidencia de tiempos. Insistió que ella y Becdach se convencieron de promover el proceso en el TCE luego de la sentencia de Alembert Vera.
La decisión que adopte el juez electoral Fernando Muñoz en la audiencia de primera instancia, cuya fecha está pendiente, podrá ser apelada por las partes, según sus intereses. (I)
Fuente: El Universo