Generales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y otros funcionarios del nivel jerárquico superior están en la mira de la Contraloría.
Por pedido de la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado (CGE) empezó, en enero de 2024, exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de funcionarios y oficiales de alto nivel. El objetivo es hallar indicios de enriquecimiento ilícito.
Según la normativa de Ecuador, todos los funcionarios públicos -incluyendo a policías y militares- deben presentar declaraciones patrimoniales juradas al inicio y al final de su gestión. Así como cada dos años durante el ejercicio del cargo.
En estos formularios, que son recibidos y almacenados por la Contraloría, los servidores transparentan su información de activos y pasivos. Estas auditorías permiten determinar si han existido incrementos injustificados en sus patrimonios durante su paso por la función pública.
En enero de 2024 la Contraloría inició 161 exámenes especiales a las declaraciones de funcionarios de nivel jerárquico superior en Guayas, Galápagos, Imbabura, Los Ríos, Pastaza, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Los examinados pertenecen a las siguientes 23 entidades:
Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura
Gobernaciones
Asamblea Nacional
Policía Nacional
Fuerzas Armadas
Corte Constitucional
Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada
Empresa Pública de Postales,
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía (Isspol)
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)
Ministerio de Cultura
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación,
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Producción
Cancillería
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Transporte
Ministerio de Trabajo
Presidencia de la República
Vicepresidencia de la República
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt)
Sospechas penales
Hasta el 4 de julio de 2024, la Contraloría ya ha aprobado 28 informes a las declaraciones patrimoniales juradas de estos funcionarios de alto nivel.
De este total de exámenes, nueve presentaron indicios de responsabilidad penal. Es decir, la Contraloría halló sospechas de enriquecimiento ilícito. Por esta razón, estos expedientes fueron enviados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se empiecen investigaciones previas.
De manera extraoficial, PRIMICIAS conoció que dentro de la lista de los nueve funcionarios con indicios de responsabilidad penal en sus patrimonios está un General del Ejército.
El examen especial de este oficial, que todavía está en funciones y que fue agregado militar en el extranjero, reflejaría que el militar no pudo justificar el origen de recursos económicos recibidos en cuatro cuentas bancarias.
En total, el rubro que el uniformado no puede comprobar es de USD 99.200. Ahora, la Fiscalía tendrá que definir si esta incoherencia en las cuentas del funcionario se traducen en la comisión de un delito.
Más declaraciones en la mira
Además de los exámenes especiales que están en marcha, la Contraloría tiene previsto iniciar otras 88 auditorías a las declaraciones patrimoniales de funcionarios de alto nivel, en el segundo semestre de 2024.
En esta ocasión, entrarán en análisis las autoridades del Ministerio de Defensa, el IESS, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Fiscalía General, entre otras.
También, el 8 de julio de 2024, la Contraloría informó que entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2024, todos los servidores públicos de Ecuador deben presentar una nueva declaración patrimonial jurada.
Mauricio Torres, contralor General, dijo a PRIMICIAS que en el país hay 700.000 servidores públicos que presentan declaraciones patrimoniales.
Por lo que, para manejar el volumen de información, se alcanzó un acuerdo internacional para analizar estos formularios a través de una herramienta de inteligencia artificial.
«Lo que podremos ver son los contrastes que arroja el sistema. Por ejemplo, necesitamos ver, de todos los servidores de tal entidad, cuáles son los que tienen un aumento de patrimonio. Entonces ubicamos al servidor público tiene un incremento superior a determinado monto», dijo Torres a mediados de mayo de 2024.
Fuente: Primicias