El alcalde de Guayaquil respondió a la fiscalización iniciada al presunto tráfico de combustible donde estaría señalado
La pugna se intensifica. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó al anuncio del bloque de Gobierno sobre la creación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico de Combustible para fiscalizar a una de las empresas de distribución de gasolina asociadas a la familia de Álvarez.
El anuncio lo hizo la asambleísta Lucía Jaramillo, quien antes de integrar el bloque oficialista estuvo con el Partido Social Cristiano (PSC), y explicó que la iniciativa nace a raíz de que se haya presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de cuatro empresas presuntamente asociadas al tráfico de combustible, entre ellas Copedesa, de la familia de Aquiles Álvarez.
«Pocotón de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les paga el pueblo», reaccionó Álvarez a través de su cuenta de X y sostuvo que la acusación hecha en contra de la empresa de su familia es una «cortina de humo con todas sus porquerías» y que «en Fiscalía nos vemos».
Los dardos de Álvarez también apuntaron a Lucía Jaramillo: «Niña vaga, que mientras fue del PSC, pasó vagando en el Municipio de Guayaquil, ella y su hermana (Paola Jaramillo). Fiscalicen lo que quieran (…). Dejen de vender humo, peor con una vocera turra como esta niña que solo sabe hablar sobre carteras y perfumes y no de combustible. Son una porquería».
Incluso cuestionó que los esfuerzos de fiscalización de la bancada de Gobierno no se enfoquen a fiscalizar «a ministros y funcionarios de su gobierno que con sueldos mínimos, tienen zapatos de $2,000 y relojes de $25,000. Carteras de $7,000 y vestidos de $3,000».
Así habría operado la red de contrabando que apunta a Aquiles Álvarez
En una entrevista radial concedida días atrás, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, detalló cómo habría operado durante años esta presunta red de contrabando de combustibles que salpica a la empresa Copedesa, de la familia del alcalde Aquiles Álvarez.
Según Neira, comercializadoras no autorizadas por la Arcernnr estaban vendiendo a las distribuidoras de combustibles a un precio preferencial, el cual recibían de Petroecuador. Una de las anomalías es que vendían un sinnúmero de galones a entidades que no tenían comercio o afiliación con transporte pesado y sin razón social.
Como muestra del modus operandi, el funcionario explicó uno de los casos detectados: «Un carro con un motor de 1.4 litros compró en el año 2023 un total de 123 mil galones de combustible. De estos, 117.000 fueron de gasolina Extra, 3.200 de diésel y 2.280 de Super. Para que este carro haya consumido tal cantidad, tendría que haber recorrido toda la red vial del país 4.3 veces al día».
El esquema fue ratificado por la bancada oficialista y señaló que respetarán la independencia de poderes, ya que se presentó una denuncia en Fiscalía, pero que «nadie está encima de la ley». Además, la asambleísta Lucía Jaramillo invitó a que más legisladores participen del frente para fiscalizar el presunto tráfico ilegal de combustible en el país.