Que no hubo vulneración de derechos constitucionales fue la resolución judicial acerca del Programa de alimentación escolar (PAE) a favor del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Según informó el Sercop, en un comunicado, el viernes, 5 de julio, una autoridad jurisdiccional resolvió a su favor dentro de una acción de protección presentada respecto a una presunta vulneración derechos constitucionales derivada de ese programa gubernamental.
El Sercop mencionó que hubo una coordinación técnica y jurídica con el Ministerio de Educación, Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado que demostró que no existió vulneración de derechos constitucionales, y por lo tanto, la improcedencia de esa acción legal.
En mayo pasado, Lafattoria, empresa proveedora de la alimentación en una parte de las cárceles del país y del Programa de alimentación Escolar (PAE), interpuso una acción de protección en contra del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y el Ministerio de Educación.
Esta acción fue interpuesta por Aracely Pincay Menoscal, quien es gerenta de Lafattoria.
