El ordenamiento jurídico en el país está completamente caotizado y politizado. Los empresarios ven con desconfianza a la ley y las inversiones para generar empleo de calidad no llegan.
Entre enero y marzo de 2024, según el último reporte de balanza de pagos del Banco Central del Ecuador, llegaron $78,3 millones de Inversión Extranjera Directa (IED). Eso es $27 millones en promedio de inversión al mes.
Además, durante el primer trimestre de este año, la inversión total, incluida la de empresarios nacionales, cayó un 1,3%
Ecuador necesita inversión para crecer y generar empleo. De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, se necesitarían al menos $42.000 millones en inversiones para generar empleo de calidad para los casi 6 millones de ecuatorianos que están en el desempleo y la informalidad.
En este escenario, la pregunta es por qué la inversión no llega al país; por qué los empresarios, locales y extranjeros, no le apuestan a la economía ecuatoriana
Fabián Corral, abogado y doctor en jurisprudencia, apunta a que una de las razones es que Ecuador tiene un sistema normativo, un ordenamiento jurídico, “absolutamente caótico”, que genera desconfianza y desincentiva el crecimiento y el desarrollo.
El empresario desconfía de las leyes en Ecuador
La complejidad normativa y el afán del legislador de agotar el tema en uno o varios artículos, provocan leyes enredadas, confusas, incluso difíciles de aplicar. Eso hace que el empresario mire con miedo o recelo a las normativas
“Este es un problema psicológico fundamental en el Ecuador. El empresario, a veces, tiene temor a la ley. Eso no está bien. La ley debería concitar entusiasmo en el empresario y eso es lo que no hace”, aseguró Corral.
De acuerdo con Corral, el desorden legal en Ecuador se visualiza, por ejemplo, en que se tienen normas que no deberían estar en la Constitución, pero lo están.
Además, hay un esquema de perversión del sistema normativo, a través del recurso político de las leyes orgánicas.
“Aquí se dictan leyes orgánicas para todo, alejándose del precepto constitucional que establece que solamente cabe dictar leyes orgánicas cuando se trata de desarrollar directamente algunos preceptos constitucionales o de establecer o estructurar instituciones del Estado”, acotó.
Las leyes orgánicas se han convertido en un negocio político. La Asamblea se ha vuelto el centro donde el poder se afianza a través de crear leyes orgánicas para todo, que enreden lo más posible el desarrollo de la sociedad; para que luego los políticos se puedan vender como los salvadores del enredo que ellos mismos provocaron.
Los políticos ganan y la sociedad pierde con el caos legal
Corral recalcó que como país lo que hemos hecho es afianzar la posición política de la Asamblea en el perjuicio de la sociedad.
“Dependemos de los votos de la Asamblea para poder reformar algo que no debería ser tan complejo de reformar y más aún en materia laboral. En materia laboral, las leyes tienen que ser absolutamente dinámicas, deben seguirle a la vida, no al contrario. Pero, en el Ecuador hemos creado una cantidad de anclas, casi inamovibles, a través de las leyes de las orgánicas”, aseveró corral
Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, reconoció que el caos descrito por Corral es real, Incluso, puso como ejemplo que desde la Asamblea se ha llegado a presentar, por ejemplo, un proyecto de ley orgánica de regulación del teletrabajo.
“Entonces mañana vamos a tener un proyecto de ley orgánica de todas las modalidades de trabajo y eso es una locura. Este es el Ecuador de construcción de leyes”, dijo Núñez.
Corral expresó que si algo afecta la seguridad jurídica es la sobreabundancia normativa, el desorden normativo y la falta de lógica en la estructura del ordenamiento jurídico.
“Existe una inmensa irresponsabilidad de la clase política. Lamentablemente aquí funciona el régimen de los votos, entonces el régimen jurídico en Ecuador está completamente caotizado”, añadió.
Durante una reciente entrevista con LA HORA, Ricardo Freire, intendente general técnico de la Superintendencia de Competencia Económica, reconoció que “en Ecuador hay una sobrerregulación, una gran cantidad de regulación que no está adecuadamente justificada. Eso es responsabilidad del Estado (políticos)”.
El tema laboral es un claro ejemplo del caos normativo
En el tema laboral, el Código del Trabajo, de acuerdo con Corral, ha pasado a una especie de segundo o tercer plano de importancia porque se tienen 13 leyes orgánicas que inciden sobre ese Código, ya sea reformándolo o planteando reformas implícitas o escondidas.
Estas reformas escondidas operan porque las leyes orgánicas desde el punto de vista de la jerarquía normativa están por sobre el código.
Así, un empresario debe, en términos laborales, no solo revisar el Código de Trabajo, sino hacer una exploración muy compleja para establecer en qué norma, en qué Código Orgánico o en qué ley están los cambios que le puede afectar a la hora de contratar a un trabajador.
Corral consideró que esto comenzó con los famosos mandatos constitucionales (2008); pero se consolidó explícitamente con la expedición del Código Orgánico de la Producción en 2010.
En dicha norma se iniciaron las sucesivas reformas sin control, e incluso sin sustento, al Código de Trabajo.
La ley, en muchos aspectos, no funciona para facilitarle la vida a los ciudadanos, sino para complicársela
“Encontramos temas laborales en las leyes más extrañas. Aparece por ahí una norma sobre el salario, aparecen unas normas sobre sanciones en las leyes más extrañas. Entonces creo que se debe hacer una reflexión lógica, sistemática y decir qué hacemos con esto. Al menos pongamos en orden semejante cantidad de leyes”, dijo Corral.
Para rematar el escenario de caos, Corral explicó que en Ecuador el ordenamiento jurídico funciona patas arriba.
“Aquí prevalece el reglamento, el acuerdo ministerial y la norma secundaria por sobre la norma principal. Al momento de un litigio, el juez habrá de aplicar esa norma escondida que el empresario no consideró y eso genera desconfianza”, acotó Corral.(JS)
Sobrerregulación y leyes con tinte político
María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y presidenta ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), durante el debate de la ley de acoso laboral, criticó la sobrerregulación y la creación de leyes con tinte político e incluso prejuicios como de que “el empleador solo sale a explotar”.
“Mientras ese espíritu subyace a la normativa y a la política pública, esto nos hace retroceder como sociedad”, concluyó Jervis.
Fuente: Diario La Hora
