El expresidente de la República Rafael Correa Delgado y el exministro de Transporte y Obras Públicas Walter Solís fueron vinculados en un presunto delito de peculado que se habría cometido en la delegación y concesión de la administración del puerto de Manta a la compañía Desarrollo de Negocios Agencias Universales S. A. (Agunsa).
La vinculación la realizó el fiscal de Manabí Paco Delgado Intriago, quien remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado porque los dos procesados mantienen fuero de Corte Nacional de Justicia.
En la investigación se acumularon dos expedientes. Una indagación previa por el delito de tráfico de influencias y la otra, por el delito de peculado.
A los procesos aportó una acción de fiscalización que llevó adelante la asambleísta nacional Adriana García Mejía (Gente Buena), en la que determinó algunas irregularidades, y según ella, en el proceso de concesión y delegación del puerto de Manta se habría cometido un perjuicio al Estado de un aproximado de $ 23 millones.
En la investigación realizada, García, generó 33 conclusiones sobre las condiciones del contrato de delegación del puerto de Manta y 21 recomendaciones al Gobierno nacional y entidades de control. Una de esas conclusiones señala que la Autoridad Portuaria de Manta desde la delegación de la terminal internacional de puerto en el año 2016 ha visto afectados sus ingresos en tal magnitud que ha presentado déficits recurrentes.
Además, que los ingresos generados por el 20 % de la infraestructura gestionada directamente por Autoridad Portuaria de Manta son superiores a los que se originan en la delegación del 80 % de la superficie e infraestructura del puerto a la empresa Terminal Portuario de Manta TPM S. A.
En el expediente remitido a la Fiscalía General del Estado, el fiscal Delgado Intriago señala que se acumularon los dos expedientes por cuando se han practicado dos informes de la Contraloría General del Estado, uno de ellos es un informe general en el que guardan la misma identidad de objetos y personas, es decir, tanto el informe de auditoría externa que se practicó por denuncias presentadas por el periodo 1 de enero de 2015 al 31 de julio de 2018, como el proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución del concurso público internacional para el diseño, financiamiento, equipamiento, ejecución de obras adicionales, operaciones y mantenimiento de la terminal internacional en la Autoridad Portuaria de Manta, y entidades relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y 30 de abril de 2018.
Y otro informe con indicios de responsabilidad penal como parte del examen especial al análisis de denuncias, por el periodo comprendido entre enero de 2015 y julio de 2018, y proceso preparatorio, precontractual, contractual y ejecución del concurso público internacional para el diseño, financiamiento, equipamiento, ejecución de obras adicionales, operaciones y mantenimiento de la terminal internacional en la Autoridad Portuaria de Manta, y entidades relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018, se analizaron los cambios al canon fijo y canon variable realizados mediante resolución modificatoria del 13 de septiembre de 2016. En la acumulación de expedientes, mediante impulso fiscal, se determinó que el delito por investigar seria el delito de peculado.
Dentro del examen de indicios de responsabilidad penal se hace alusión a que el ministro de Transporte y Obras Públicas de esa época, Walter Solís, tenía conocimiento de las actividades de la delegación a concesión sobre la administración internacional del puerto de Manta a la compañía Agunsa, que cuya delegación y concesión para la administración de dicho puerto fue autorizada por el presidente de la República de aquella época, Rafael Correa Delgado, que en materia penal las personas responden jurídicamente por las acciones u omisiones, entendiendo como omisión la obligación jurídica de no impedir un acontecimiento cuando están en obligación de hacerlo.
El fiscal de Manabí Paco Delgado Intriago desplazó la causa hasta la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus competencias tome conocimiento por las acciones y omisiones cometidas por Rafael Correa y Walter Solís, y otros servidores públicos en calidad de subsecretarios de Puerto Marítimo y Fluvial. (I)
Fuente: El Universo
