Bolivia fue escenario de uno de los episodios más perturbadores de su historia reciente, cuando un grupo de militares planificó un golpe de Estado para derrocar al gobierno democráticamente electo. Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno, reveló el miércoles 26 de octubre en una entrevista televisiva que la subversión había sido minuciosamente planificada durante tres semanas. Del Castillo indicó que la acción dejó un saldo de 12 heridos por arma de fuego y condujo a la detención de una decena de militares.
Del Castillo recalcó que aunque el gobierno había recibido información sobre intentos previos de desestabilización y “golpes de Estado blandos”, ninguno había alcanzado la magnitud de los eventos ocurridos ese miércoles. “Ningún boliviano se hubiese imaginado la magnitud de lo ocurrido la tarde del miércoles,” comentó. Mientras tanto, se anunció que los excomandantes del Ejército y la Armada, Juan José Zúñiga Macías y Juan Arnez Salvador, respectivamente, serán llevados ante la justicia por delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado.
“Antes del mediodía daremos una conferencia de prensa para revelar la identidad de los otros partícipes en este intento de destruir la democracia”, adelantó el ministro. Asimismo, advirtió que los responsables enfrentan cargos que podrían comportar penas de cárcel de entre 15 y 30 años.
Juan José Zúñiga Macías, excomandante del Ejército, ha sido señalado como uno de los principales autores del plan. Sin embargo, él niega las acusaciones y ha afirmado que actuó bajo las instrucciones del presidente Luis Arce. “Zúñiga carece de veracidad en sus declaraciones,” respondió tajantemente Del Castillo, aclarando que Zúñiga ya había sido informado de su baja en el cargo por violar la Constitución durante una reunión la noche anterior con el presidente Arce y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
El ministro declaró que la conducta de Zúñiga representaba una infracción grave, pues “un militar no puede deliberar sobre política, no puede deliberar sobre temas dentro del territorio nacional. Los militares están para cumplir instrucciones.” Añadió que su ministerio se constituirá como parte acusadora en el proceso judicial contra Zúñiga, Arnez y los demás implicados.
Las audiencias preliminares se centrarán en determinar el alcance de la conspiración y los roles específicos de los detenidos. Del Castillo enfatizó la severidad de los cargos que enfrentarán los conspiradores: “Enfrentarán cargos por delitos que podrían acarrearles entre 15 y 30 años de cárcel.”
El atentado contra la estabilidad democrática de Bolivia ocurre en un contexto ya tenso, con alertas previas de intentos de desestabilización. La reacción rápida del gobierno y las fuerzas de seguridad permitió evitar un daño mayor, aunque el impacto del suceso ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los bolivianos.
Este intento de golpe pone en el foco la fragilidad de la democracia en la región y subraya la importancia de mantener una vigilancia constante sobre las fuerzas armadas y sus posibles desvíos de lo establecido por la Constitución. La rueda de prensa anunciada, que revelará más detalles sobre los implicados, es esperada con alta expectativa tanto por la ciudadanía como por la comunidad internacional.
Fuente: Infobae
