Aunque siguen reportándose a diario las muertes violentas en Guayaquil, la baja en las estadísticas es significativa. En nueve de los diez distritos policiales en los que está dividido el Puerto Principal se han reducido los asesinatos desde enero, cuando el Gobierno nacional decretó el conflicto armado interno luego de que la primera semana del año se disparara la cifra de crímenes y hechos violentos.
En este contexto, el régimen ha reconocido a 22 bandas del crimen organizado transnacional como grupos terroristas.
Desde enero hasta el 14 de junio se reportaron 712 casos, el 41 % menos que en el mismo periodo del 2023, cuando se registraron 1.084 personas asesinadas solo en Guayaquil.
El sector que resultados más favorables ha obtenido con las incursiones policiales y militares es definitivamente Nueva Prosperina, que pasó de 346 (2023) a 137 homicidios intencionales hasta el viernes de la semana anterior.
En ese territorio incluso en el 2024 se han realizado 23 operativos para recuperar casas que habían sido tomadas a la fuerzas por miembros de las bandas delictivas que han desplazado a los propietarios. En medio de las operaciones se ha logrado recuperar 140 viviendas, dijo esta semana el coronel Roberto Santamaría, quien tiene casi dos años en ese distrito.
Según la Policía, la organización Mafia 18 quiere apoderarse de las casas abandonadas para convertirlas en bodegas de droga no solo para la venta al menudeo, sino también para el tráfico internacional.
En medio de la lucha entre Mafia 18 y las bandas que ya ocupan Nueva Prosperina se han dado al menos 50 asesinatos desde abril.
Otro tipo de delitos, como secuestros y extorsiones, han causado que la percepción de inseguridad se mantenga, aunque el coronel Santamaría insiste en que las cifras revelan que están por buen camino. Son 65 % menos de muertes.
El distrito Sur, conformado por barrios como el Guasmo y Floresta, también tiene una reducción significativa. Registra 136 casos hasta el 14 de junio, 44 menos que el año pasado en el mismo periodo cuando iban 180.
Este jueves, 20 de junio, el mayor Miguel Portilla, jefe de Operaciones del distrito Sur, dijo que ya esta semana tienen 50 asesinatos menos que en 2023, pero no especificó la cifra actual. Estas declaraciones las dio mientras dos cuerpos que arrastró la corriente del río Guayas fueron descubiertos cerca de la Playita del Guasmo.
En ese distrito en 2024 se han reportado varias masacres, pese a eso la cifra sigue siendo menor que en 2023.
Florida también pasó de 91 a 51 casos, o sea, el 40 % menos de homicidios intencionales. Portete también registra una rebaja del 31 % al pasar de 105 asesinatos a 72.
En el distrito Progreso, que incluye Progreso, Posorja, Cerecita, Ciudad Victoria, vía a la costa (desde el km 22 hasta el 70) y los recintos Sabana Grande y Safando, se han dado 51 muertes violentas del 1 de enero al 14 de junio del 2024. Este distrito es el único que tiene un incremento, pues el año pasado hubo en el mismo lapso 44 crímenes.
En enero hubo un total de 131 personas asesinadas en Guayaquil (la mayoría hasta el 9 de enero), en febrero la cifra de muertes violentas cerró en 82 y en marzo, abril y mayo se registró un promedio de 135, unos 4,5 diarios.
El año pasado el promedio mensual era de 190 homicidios intencionales en Guayaquil, es decir, 6,3 casos por día en promedio.
Pese a la baja de casos y a que en algunos barrios sí se percibe un ambiente más seguro, Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia y experto en seguridad, dice que el crimen organizado tiene décadas incrustado en el país y que es difícil destruirlo solo con acciones militares.
Él sostiene que lo que ha ocurrido en Ecuador es solo una pequeña parte de lo que puede hacer el crimen organizado, que tiene el poder de mutar y reorganizarse. También señala que en los últimos años las bandas han logrado acceder al poder financiero y judicial y que eso es difícil de cambiarlo en pocos años.
Kléber Carrión, abogado, policía en servicio pasivo y fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), considera que el trabajo policial es importante, pero refiere que los uniformados no tienen los recursos que necesitan. Y aunque se aprese a mil terroristas, estos saben cómo librarse de una condena en medio del sistema judicial, expresa.
Por eso insiste en que la Asamblea debería trabajar en reformas a la ley, no solo en el incremento de penas, sino en el control de la emisión de las medidas que benefician a delincuentes y asesinos y que les permiten salir de prisión.
“La suspensión condicional de la pena, la prelibertad al cumplir la mayor parte de la condena, el habeas corpus, las medidas alternativas, el grillete; todo eso es alcahuetería, porque la Constitución ni siquiera permite obligar al reo a unirse a un taller de rehabilitación o a comer en la cárcel”, manifiesta el policía en servicio pasivo. (I)
Fuente: El Universo
