María Soledad Cerutti es docente de Historia. Lucía Puglia estudia Letras; Camila Juárez, Sociología; y Sasha Lyardet, Comunicación. Santiago Adano es músico. Remigio Ocampo vende empanadas. Juan Spinetto es abogado.
Estas son sólo algunas de las 33 personas que fueron detenidas el miércoles pasado en Buenos Aires durante la represión policial que se llevó a cabo afuera del Congreso mientras el Senado debatía la Ley Bases, uno de los proyectos fundamentales del presidente Javier Milei.
Gracias al activismo de organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el viernes fueron liberados 17 acusados. De cualquier forma, los 33 siguen sujetos a procesos penales.
Por eso, el reclamo de la oposición y de organizaciones de derechos humanos es que se dé marcha atrás con los procesamientos y que se libere a los 16 imputados que siguen detenidos.
El escándalo es creciente, ya que se replican las denuncias de que el Gobierno de Milei viola el derecho a la protesta social, reprime a los manifestantes y ejecuta detenciones arbitrarias.
“Cuando se reprime, se manda a la cárcel indiscriminadamente y todavía hay gente detenida, es porque algo muy malo está pasando en nuestro país”, advirtió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al sumarse a las voces que piden la liberación de los detenidos.
Reclamos
El periodista Alejandro Bercovich, por su parte, denunció a sus colegas que abrazan el discurso represor del Gobierno.
“En una semana en la que votan una ley con una senadora comprada para saquear al país y se llevan a 30 personas presas por protestar, 16 de ellas todavía presas hoy, son presos políticos, (hay periodistas que) eligen mirar para otro lado. A esos y a los que justifican todo, vergüenza”, dijo el domingo por la noche al recibir el premio Martín Fierro, el galardón periodístico más importante del país sudamericano.
Los familiares de los 16 detenidos realizaron este lunes una asamblea frente al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), una reconocida organización de derechos humanos, en la que recibieron el apoyo de otros colectivos que impugnaron la criminalización de ciudadanos cuyo único delito fue salir a protestar.
Y en algunos casos, ni eso, porque entre los imputados se encuentran vendedores ambulantes que estaban trabajando; estudiantes universitarios y docentes, un músico que bajaba del metro e incluso personas que viven en la calle.
Sin embargo, están acusados de “intimidación pública”, “incitación a la violencia”, “atentado y resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden”.
El cargo más grave es el de “delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, ya que avala el discurso que propaló el Gobierno al señalar a los manifestantes, de manera desproporcionada, como “terroristas” que querían cometer “un golpe de Estado”, a pesar de que los manifestantes en ningún momento promovieron el derrocamiento de Milei, ni tienen la organización y respaldo policial o militar para que ello ocurra.
Mecanismo
La secuencia del miércoles repitió lo que ha pasado en las manifestaciones desde que Milei comenzó a gobernar en diciembre pasado, ya que todo comienza con una protesta masiva y pacífica, que de pronto se ve interrumpida por actos vandálicos, a lo que sigue la represión policial.
Ese día, uno de los detonantes de la represión, que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma, golpes con toletes, persecuciones y detenciones al azar, fue la quema de autos que realizaron algunos grupos de hombres.
A pesar de que hay grabaciones en las que se ven sus rostros, ninguno de ellos ha sido detenido, lo que refuerza la tesis de diversas organizaciones que denunciaron que en realidad eran infiltrados enviados por las fuerzas de Seguridad para provocar la escalada de violencia que justificara la represión.
También hay imágenes en los que se ve que algunos de los hombres que provocaron disturbios después entran a los corralones donde se resguardaban policías que los saludan con una palmada en la espalda. Hasta ahora, no han sido identificados.
Fuente: RT
