El consejero de minoría del Cpccs, Augusto Verduga, en una entrevista con este Diario, habló de la posibilidad de una prórroga en funciones de los actuales vocales del CNE; e incluso de la actual Fiscal General.
Augusto Verduga Sánchez es el actual vocal de minoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), junto a su colega Yadira Saltos. Ambos identificados con la línea correísta.
Verduga llegó al Consejo luego de que en las elecciones del 5 de febrero de 2023 obtuvo el porcentaje más alto de la votación (17.30%), seguido de Alembert Vera (8.18%).
En octubre de 2023, con la destitución y salida de Alembert Vera, por disposición de la Corte Constitucional (CC), las fuerzas políticas en el Cpccs se redefinieron. La mayoría conformada por Vera, Verduga y Saltos, que hasta ese momento controlaba el Cpccs, dio un giro cuando la presidencia fue asumida, primero, por Nicole Bonifaz. Y, luego, por discrepancias internas llegó al sillón principal, Andrés Fantoni.
Desde noviembre de 2023, las nuevas mayorías han tratado de sacar adelante concursos, entre ellos, para designar Defensor Público o para la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Otro reto es iniciar el proceso para el concurso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) para reemplazar a Diana Salazar, que concluirá los seis años para el que fue designada el 1 de abril de 2025.
En una entrevista con LA HORA, desde su visión de consejero de minoría, Augusto Verduga, evaluó el avance de algunos procesos, y de otros que, según dijo, se dan de forma atropellada.
P. ¿Cómo avanza el concurso para renovar el CNE?
Hay una intención deliberada (de la mayoría del Cpccs) que a todas luces es clara: destituir a los integrantes de la comisión ciudadana de selección.
P. ¿Por qué?
Los comisionados (encargados de organizar el concurso en las etapas de méritos, oposición, etc) eran suplentes, no se principalizaron. Si es que se destituye a la totalidad de ellos, nos quedaríamos sin comisión ciudadana. Con ello, el concurso no podría avanzar y nuevamente tendríamos que elegir a nuevos comisionados.
P. ¿Con eso se extenderían los plazos del proceso de designación?
Los integrantes de la comisión de selección se eligen en un mini concurso. Cada función del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial, y Transparencia y Control Social) tiene que enviar su delegado, y, además, se debe escoger a cinco representantes de la ciudadanía. Esto va a llevar a que la señora Diana Atamaint (presidenta del CNE), Enrique Pita (vicepresidente), y José Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera se queden más tiempo en el cargo y sean ellos los que lleven adelante las elecciones presidenciales de 2025.
P. ¿Podrían seguir prorrogados aunque su cargo de seis años concluirá en noviembre de 2024?
Podría pasar, como de hecho ya ha sucedido. Hay una prórroga inmisericorde de muchos funcionarios en el país de la regalada gana que no respetan la institucionalidad del país; puede pasar cualquier cosa como muchos de los absurdos jurídicos que ha pasado en Ecuador y siguen pasando. Es bastante probable que suceda (la prórroga) si es que prospera la pretensión de los consejeros de mayoría de destituir a los integrantes de la comisión de selección.
P. ¿Cuándo se convocaría a concurso a nuevo fiscal?
Por mi moción resolvimos (el 28 de mayo de 2024) que se reúnan los asesores de despacho de cada vocal para debatir sobre el reglamento del concurso de méritos y oposición para selección de fiscal. Presenté un reglamento borrador a ser socializado porque no existe un reglamento para el concurso; espero que el documento borrador, que está listo, sea conocido en el transcurso de esta semana por los asesores de cada despacho; para tener la línea clara y lo aprobemos en el pleno. Este es el primer paso de cualquier concurso, luego se deberá conformar la veeduría ciudadana, y la comisión ciudadana de selección. Estos son pasos previos a la convocatoria formal al concurso que podría ser en septiembre.
P. ¿Qué establecerá el reglamento?
Establecerá la forma en que se va a calificar a los postulantes, si habrá una prueba oral, los puntos que se asignarán las fases de méritos, oposición, que los postulantes tengan título de abogados, etc. La aprobación del reglamento dependerá de la mayoría del Cpccs, ellos tienen la fuerza de los votos; allí todo camina en función de la voluntad de la mayoría.
P. ¿Qué otros aspectos incluye el borrador de reglamento?
A mí sobre todo me ha interesado presentar un borrador (que regula) cuestiones subjetivas. Recordemos, por ejemplo, que la actual Fiscal ganó con valoraciones subjetivas; imagínese que en un concurso se valore a los postulantes por su sentido de ecuanimidad (imparcialidad)… esto es subjetivo. ¿Cómo objetivamente se puede valorar a alguien por su sentido de justicia? Para mí, el sentido de justicia de Diana Salazar puede ser valorado en 1/20; seguramente, para otros puede ser 20/20, estas son cuestiones subjetivas. El concurso debe ser lo más objetivo posible.
P. La función de la Fiscal actual concluye el 1 de abril de 2025. ¿Alcanzarán a realizar el concurso en 10 meses o podría darse una prórroga?
Si es que (la mayoría del Cpccs) no se apuran, sí, por supuesto. Después que se apruebe el reglamento, deberá conformarse la veeduría ciudadana, la comisión de selección (uno por cada función del Estado). Estas son decisiones previas a la convocatoria formal del concurso para las personas que quieran inscribirse para ser fiscal.
P. ¿Cuánto tiempo tomará esta etapa?
Esto podría tomar hasta tres meses, sumado a que podrían presentarse acciones de protección; los concursos no duran menos de un año. Si Diana Salazar concluye el cargo el 1 de abril; y si en el Cpccs no se aplasta el acelerador, es probable que Salazar se prorrogue en funciones también; y obvio se violentará la norma porque hay un plazo para concluir funciones; pero, si una persona actúa de forma correcta y sensata una vez culminado el periodo (podría) poner el cargo a disposición. Pero esto no va a suceder; no ha ocurrido en los últimos años, y no creo que Salazar sea la excepción.
P. ¿Cuáles son los concursos están avanzando de forma atropellada?
No se está respetando las reglas de juego y lo que está consignado en los reglamentos que deben regir las actuaciones de los consejeros y de las comisiones de selección. El caso de Defensor Público es el más paradigmático de lo que no debería ser un concurso de oposición y merecimiento, en el sentido de que se descalificaron a dos postulantes (Jorge Ballesteros y Maritza Romero) sin ninguna base legal, y con criterios de presunciones. Esto es grave en un estado de derecho y sobre todo porque los consejeros de mayoría se precian de actuar de forma transparente, honesta, sin ningún tipo de cálculo político.
P. ¿Cálculo político?
Se ha demostrado que, lo que pasa en la práctica es que realmente es lo contrario. Es penoso porque venimos al Cpccs con la promesa a nuestros mandantes de darle un giro de timón. Pero en tiempo récord, en menos de un año ya tenemos tres presidentes (Alembert Vera, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni). Es horroroso lo que han hecho con este concurso; cinco candidatos están fuera del proceso (Rodrigo Frías, Byron Guillén, Jorge Ballesteros, Guillermo Ortega e Inés Romero). El sexto postulante (Ricardo Morales calificado con 76.66/100) es el que estaría ganando el concurso.
P. ¿Qué opina de la decisión de haber excluido del concurso a Frías, y haber descalificado a Guillén?
Frías presentó la renuncia al concurso y el asunto fue más sencillo; sobre esa base, no merecía más análisis. En el caso de Guillén, se identificó que en su expediente había un documento que había trabajado en la Fiscalía General por un periodo, pero también hay otro documento que trabajó como abogado en un estudio jurídico al mismo tiempo. Eso violenta norma expresa del reglamento; no se puede ser servidor público y al mismo tiempo trabajar de forma privada. Esta fue la causal, más allá que la opinión pública diga que a los primeros postulantes se les retiró la visa de Estados Unidos.
P. El Colegio de Abogados exhortó al Cpccs a realizar un nuevo concurso a Defensor. ¿Es posible?
El caso paradigmático de un funcionario encargado y prorrogado seis años en funciones es el del actual Defensor Público, Ángel Torres Machuca. Es inadmisible. Mi idea jamás será volver a cero en el concurso.
P. Se conoce que el postulante Ricardo Morales habría sido exsubsecretario de Justicia durante el Gobierno de Rafael Correa, y excomisionado para la pacificación de las cárceles en la administración de Guillermo Lasso. ¿Qué opina?
No nos ha llegado una impugnación ciudadana en ese sentido, pero al parecer la mayoría lo quieren hacer ganar (…) pero me parece que no se puede satanizar por su pasado de servicio público. Eso no es una causal para descalificar a nadie. (SC)
Otras designaciones pendientes
Por terna: Superintendencias de Economía Popular y Solidaria; de Valores y Seguros; y de Control de Poder de Mercado; para vocal principal de la Judicatura, y vocales suplentes de la Judicatura.
Designación por concurso de oposición: Soberanía Alimentaria, renovación de jueces del TCE, Defensor del Pueblo.
Fuente: Diario La Hora
