El FMI y Ecuador llegaron a un acuerdo para afrontar la crisis fiscal. ¿Cómo impactará a los ciudadanos y a los negocios? Veamos el contexto.
Se trata de una facilidad extendida –cuatro años– para ayudar a Ecuador a enfrentar la amortización de $ 14 mil millones en ese lapso, en circunstancias que la economía está estancada. El Fondo va a desembolsar $ 4 mil millones y las otras multilaterales y Gobiernos al menos otros $ 8 mil millones. En síntesis, se pospone por cuatro años el pago de la deuda, esperando que la economía se recupere.
El acuerdo alcanzado en 2020 trajo un fuerte apoyo financiero internacional en 2020-2022 y se esperaba que en ese lapso se solucionase el desequilibrio de la economía heredado del correato. No fue así, por dos motivos. El primero fue la crisis política que impidió que el Ecuador tome medidas correctivas al funcionamiento de su economía. El segundo, el COVID-19, que causó 25 millones de muertos en todo el mundo. Para contener el contagio entramos en cuarentena y distanciamiento social, lo que fue un revés para la economía que ya estaba estancada. Superado el COVID-19, los países centrales elevaron la tasa de interés para frenar la inflación causada por su exceso de gasto durante la pandemia. Eso significó un incremento de 5 puntos porcentuales en el interés que Ecuador paga sobre su deuda en bonos soberanos, ampliando el déficit fiscal a niveles estratosféricos.
Para 2023 ya había expirado el acuerdo y no hubo más apoyo financiero. Ecuador tuvo que afrontar muy fuertes pagos a sus acreedores externos. Al Gobierno no le quedó dinero para cubrir obligaciones internas e incurrió en atrasos en pagos a gobiernos locales, IESS, contratistas y proveedores. Daniel Noboa asumió con la caja vacía, y el compromiso de invertir en desmantelar el ITT, la única operación petrolera que le prometía incrementar la renta petrolera.
La primera tarea es mejorar la situación fiscal, por lo que el efímero acuerdo legislativo con RC y PSC le permitió elevar el IVA a 15 % y aprobar “contribuciones” temporales de empresas y bancos. Esa medida abrió la puertas del FMI. Ya llegó el primer desembolso y deben esperarse otros de las demás multilaterales, por lo que se alivia la presión fiscal. El Ministerio de Finanzas debe poder reducir los atrasos en pagos a contratistas y gobiernos locales, con lo que habrá más liquidez y movimiento económico en el segundo semestre.
Acto seguido el Gobierno deberá buscar fuentes de ingreso permanentes que tomen la posta de las contribuciones temporales. De ahí el alza de la gasolina, que se viene. A los precios actuales la gasolina extra/ecopaís debería subir a esto de $ 3/galón. Una vez que llegue la gasolina a precios internacionales, se liberaría el precio; que siga al mercado.
A fines de año el Gobierno presentaría un proyecto de ley de reducción de exoneraciones y deducciones de impuestos, lo que las autoridades tributarias denominan “gasto tributario”. Pero no están previstos nuevos impuestos ni alza de tarifas.
En 2025 el FMI se sentará con el nuevo gobierno a planificar las reformas estructurales que permitan al país salir de su crisis. Si ese gobierno es de Noboa, y con mayoría legislativa, hay esperanzas que hay una reforma integral. Caso contrario se vislumbra otra década perdida.
Fuente: Walter Spurrier Baquerizo para el El Universo
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