El censo de 2022 registra un informe con indicios de responsabilidad penal, reveló un delegado de la Contraloría General del Estado que compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, mesa que fiscaliza el proceso.
El delegado del contralor general del Estado, Néstor Toro-Hinostroza, señaló a la mesa legislativa presidida por la correísta Paola Cabezas los avances de la institución en las acciones de control al censo.
“Tenemos un total de ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, que por su naturaleza es de carácter reservado”, dijo Toro-Hinostroza y detalló el estado del trabajo de la Contraloría General del Estado.
Según indicó el delegado del contralor Mauricio Torres, existen dos informes aprobados, uno se encuentra en borrador; dos acciones en ejecución y tres planificadas sobre el censo poblacional del 2022.
Los informes aprobados tienen relación con las fases sobre los contratos para publicidad del censo nacional y sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios, anotó el funcionario Toro-Hinostroza.
También señaló que en ejecución están las órdenes de trabajo sobre el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y honorarios. Dijo que aún trabajan en los hallazgos.
Por otra parte, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó que los contratos del INEC con los censistas fue de tipo de relación laboral por horas, por lo que no existe los beneficios de ley al no haber dependencia.
Al ser consultada si el presunto abuso laboral a los censistas recae exclusivamente en el INEC, Núñez sostuvo que no hay tal abuso y que el incumplimiento no le corresponde al Ministerio de Trabajo.
Paola Cabezas, por su parte, sugirió a la Contraloría que se investigue el patrimonio de Roberto Castillo, director del INEC, por el crédito mal utilizado que señala un informe de la institución de control.
Fuente: Expreso
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