La suspensión de Lafattoria por parte del Gobierno Central, para que continúe alimentando a las Personas Privadas de Libertad (PPL), llega después de un estudio del origen de las transacciones recibidas para mantener el negocio de la comida en las cárceles en Ecuador.
Julio José Neira, secretario de Integridad Pública (entidad antes llamada Anticorrupción), expuso en una entrevista con Radio Centro que recibieron varias alertas del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) sobre los recursos obtenidos para mantenerse en funcionamiento.
Ahí descubrieron que no solo recibieron dinero del Estado ecuatoriano sino de bandas delictivas. “Ellos tienen que explicar: ¿de dónde es que se fondean para poder sobrevivir con una deuda de $30 millones cuando son proveedores del Estado? Eso también es muy cuestionable”, afirmó el funcionario.
La relación de Lafattoria con el crimen organizado
Neira enfatiza que se trató de un aviso que ya tenía algún tiempo atrás y que si los gobiernos anteriores no actuaron contra la irregularidad vista, fue por “corrupción o ineptitud”. Ponderó que el servicio de inteligencia nacional hizo un seguimiento a las transacciones, transferencias de los proveedores de la empresa de comida. “Es de quien aporta para la alimentación a las cárceles”.
No ahondó en detalles, como nombres de las empresas o personajes oscuros relacionados a grupos criminales, porque se enfatizó que se trata de temas reservados y que por tal razón en la Fiscalía se cumple con una diligencia.
“Aquí no hay violación a derechos humanos hacia la compañía en la suspensión, no hay nada personal, es tecnicismo. Era un riesgo que se tenía que tomar, no podíamos seguir en una relación con la compañía denunciada, porque íbamos a ser parte de un círculo vicioso”, enfatizó.”
- El gobierno nacional ya había adelantado de sus sospechas y por ello emitió un comunicado.
En la cita, expuso que Lafattoria había abusado de los convenios de pago que se realizan entre los proveedores del Estado y las instituciones públicas. “Esa es la forma en la que han expandido su servicio, abusando del convenio de pago que se hace solo por una vez y ya van más de ocho años”.
Frente a las justificaciones de Richard Villagrán, presidente de Lafattoria, sobre la continuidad de los convenios de pago porque no se han subido las licitaciones al sistema de contratación pública, el funcionario contestó que está dispuesto a ser entrevistado conjuntamente con Villagrán para explicar las contrataciones dadas no solo para las cárceles sino también para la alimentación escolar.
Frente a esta situación, el servidor público agregó que se ha trabajado en conjunto con las gobernaciones y el Ministerio de Educación para garantizar el desayuno escolar y con fundaciones para el sistema de prisiones.
La evidencia de la influencia en el sistema de justicia
Neira cuestionó que la empresa de alimentación tiene fuertes influencias en el sistema de justicia y citó de ejemplo que la entidad inició un proceso de acción de protección ante el sistema de justicia y en menos de nueve horas, ya había una orden precatorio que ordenó para este 15 de mayo, las diligencias necesarias para resolver la causa.
Fuente: Expreso
