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Correísmo impulsa un nuevo pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar

El asambleísta Héctor Valladarez, de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC), presentó una nueva solicitud de juicio político contra la fiscal genera del Estado, Diana Salazar. El legislador afirmó que existen dos causales más para el enjuiciamiento a la primera autoridad del Ministerio Público, por presunto incumplimiento de funciones.

El pedido se formalizó la tarde del martes 14 de mayo. Por un lado, Valladarez responsabiliza a Salazar por “encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos” debido a que no se han iniciado procesos judiciales respecto a informes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El asambleísta indicó que entre los años 2019 y 2022, la UAFE emitió 92 alertas de potenciales casos de lavado de activos, “de los cuales la señora fiscal apenas 12 de los casos los procesó e inició un juicio correspondiente”.
Dijo que en este tema se está incumpliendo el artículo 284 numerales 2, 4, 11 y 13 del Código Orgánico de la Función Judicial. “De alguna manera, no puso los casos correspondientes y, con ello, protegió a potenciales lavadores de activos por un monto que sobrepasa los $ 250 millones”, afirmó.

La segunda causal que argumentó el integrante de la RC tiene que ver con una supuesta “inacción” de la fiscal en un caso contra Carlos Pareja Cordero.

Valladarez mencionó que en el año 2016 la Fiscalía inició una investigación contra Pareja Cordero por presunto lavado de activos. Pero en 2017 el caso fue declarado nulo luego que la defensa de Pareja Cordero denunció en Miami (EE.UU.) al perito informático de la causa por el presunto delito de hackeo de cuentas personales.
Para el asambleísta, “la inacción” de la fiscal “permitió que los bienes incautados, inclusive dinero en efectivo, sean recuperados por el señor Pareja Cordero”. Señaló que las causales expuestas están sustentadas y documentadas.

Aseveró que este nuevo pedido de juicio político podría sumarse al juicio político que presentó su compañera de bancada Gisella Garzón y que actualmente está en trámite en la Comisión de Fiscalización.
Para el efecto, se requiere primero de la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). “Sería un solo juicio unificado”, dijo Valladarez.

En respuesta al nuevo intento del correísmo por censurar y destituir a Diana Salazar, la Fiscalía publicó un comunicado en el que señaló que los argumentos de Valladarez no tienen sustento.

“Dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador”, contestó la institución respecto de la causal sobre presunto encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos.

La Fiscalía informó que el trabajo de la actual administración ha sido reconocido incluso a escala internacional, “por entidades como Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), cuya evaluación fue aprobada por Ecuador”.
Adicionalmente, el Ministerio Público apuntó que en 2012 -durante el gobierno de Rafael Correa-, el país ingresó a la lista de países que no cooperaban en la lucha contra el lavado de activos y en 2016 fue incluido en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI), “por graves deficiencias en sus sistemas de lucha contra este delito.

En ese sentido, la Fiscalía destacó que en 2023, durante la gestión de Diana Salazar, Ecuador pasó la evaluación del GAFI. (I)

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