Que un asambleísta sea destituido de su cargo por desafiliarse de la organización política que auspició su candidatura fue el tema central de la sesión 295 del pleno de la Asamblea Nacional, que se desarrolló el 14 de mayo.
La propuesta es parte del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la Función Legislativa, cuyo primer debate concluyó este martes.
La reforma es al artículo 115, el cual trata de la cesación de funciones de los asambleístas. Actualmente, la norma contempla siete causales: terminación del periodo para el que fueron electos, renuncia, destitución conforme el trámite previsto en la ley, revocatoria del mandato, sentencia penal condenatoria ejecutoriada, abandono del cargo y muerte.
A esto se suma la nueva causal con la que se busca expulsar del Parlamento a quienes se desafilien y protagonicen los llamados “camisetazos”, que se dan en las bancadas de la Asamblea Nacional.
La propuesta divide las opiniones. En el debate del pleno los legisladores expresaron sus posiciones a favor y en contra de la iniciativa. La discusión ocurrió semanas después de las bajas que sufrieron la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC), mientras que la agrupación oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) sumó integrantes.
La asambleísta del correísmo Gissela Garzón casos de legisladores de periodos pasados que cambiaron de bancadas o pasaron a apoyar a los gobiernos de turno de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Y aprovechó para mencionar contradicciones que observa en la administración de Daniel Noboa.
“Es pertinente saber quiénes y bajo qué conceptos hemos actuado los que volvimos a este pleno, porque si ustedes revisan, quienes no volvieron (a ser elegidos asambleístas), van a darse cuenta de que fueron los primeros en venderse al Gobierno y los primeros en ser rechazados en las urnas”, manifestó Garzón.
Dallyana Passailaigue (PSC) es una de las que apoyan la nueva causal. Con fuertes palabras se refirió a aquellos parlamentarios que cambian de bando. A su criterio, quienes se desafilien del movimiento o partido político deberían perder su curul y que su lugar sea asumido por su suplente.
“El Estado está para servirle a la ciudadanía, no para servirles a asambleístas que venden su voto a cambio de prebendas, a cambio de puestos. Es increíble cómo quienes, por su accionar, representan la traición, la deshonestidad, el incumplimiento de compromisos adquiridos”, recriminó la legisladora y señaló que es una “práctica antiética” que se ha naturalizado por parte de quienes llegan a la Asamblea con una organización política y al poco tiempo “se ponen a bailar con el gobierno de turno”.
Su compañero y coordinador de bancada, Vicente Taiano, comentó que quien cambie de bancada en el mismo periodo legislativo debe tener una sanción, pero no debería perder el cargo.
“No considero que debe ser la pérdida del cargo, pero sí una falta grave, de por lo menos tener una sanción de entre 30 y 90 días”, sugirió.
Para John Polanco, de Gente Buena, la destitución que se propone es “inconstitucional e irresponsable” porque vulnera los derechos a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y a la libertad de participación política. “También es antidemocrática, debilita a los partidos políticos”, aseguró.
“Hay que decirles a los proponentes de este proyecto que (los asambleístas) son elegidos por el pueblo, no son elegidos por los caudillos”, apuntó Polanco, al asegurar que los legisladores representan a los ciudadanos que votaron por ellos.
Ramiro Vela, de ADN, también consideró que la reforma es inconstitucional porque, a su juicio, viola los derechos de los asambleístas.
“Quieren aprobar una reforma para que un señor en el país o en otro país llame a decir vota así. No. Cambiemos todo, entonces. No seamos 137 asambleístas, elijamos cuatro superasambleístas, cuatro jefes de bancada que manden acá (al pleno) a quienes hacen lo que les dicen por el celular y punto. No hay que cambiar la norma, hay que cambiar nosotros”, expresó Vela.
Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, señaló que “no se debe confundir el derecho a la libertad de expresión de los asambleístas, con el derecho de participación que tienen los ciudadanos a través de esos asambleístas”.
Precisó que los ciudadanos no votan por un solo asambleísta, sino por listas cerradas. “La obligación es representar ese voto colectivo que nos han dado para estar aquí”, indicó y agregó que sí es viable una sanción cuando un legislador decide salirse de la bancada a la que pertenecía para conformar otra. No debería sancionarse a quien se desafilie de una organización política, agregó.
El primer debate del proyecto de ley cerró tras varias intervenciones. Las reformas también incluyen temas relacionados con el trámite de juicios políticos, conformación de comisión pluripartidista ad hoc, requisitos y proceso de investigación a cargo del Comité de Ética, entre otros.
El proyecto de ley volverá a la Comisión de Justicia para la elaboración del informe para segundo debate. (I)
