La ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, no acudió a la Asamblea Nacional para dar explicaciones sobre la crisis energética que llevó al país a volver a los racionamientos eléctricos y que motivaron su salida del cargo, pero dio su pronunciamiento en un comunicado público emitido antes de finalizar este viernes 10 de mayo en donde dice que “lo técnico no es suficiente en un país donde manda la política”.
La exfuncionaria enfrenta desde el 16 de abril pasado -cuando se retomaron los apagones- una investigación fiscal por el presunto delito de paralización de servicio público e indica que por consejo de su abogado penalista se abstuvo de acudir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, “para impedir que la política contamine el proceso penal, por eso he preferido no dar declaraciones públicas”.
Sin embargo, ahora considera que es prudente poner en contexto información dada en la Asamblea:
Un sector en crisis por más de seis años de abandono y falta de inversión de más de $ 10.000 millones es lo que Arrobo asegura que recibió al asumir el Ministerio de Energía el 23 de noviembre del 2023. Con problemas estructurales y una dependencia a la importación de energía, “así como de condiciones climáticas que no pueden solucionarse en cinco meses”.
En generación térmica se incorporaron 220 MW de centrales que se encontraban indisponibles al momento de asumir el Ministerio.
El proceso para la contratación de la barcaza se declaró desierto el 22 de noviembre, un día antes de que entrara en funciones el nuevo Gobierno. Y un día después de posesionados se instaló el Comité de Crisis Interministerial que trabajó en ello: permisos ambientales, giro específico de negocio, determinación de subestación de interconexión, permisos en puerto. Eso permitirá la instalación de 450 MW de generación emergente.
Sobre la ejecución de 2,5 % del presupuesto anual del Ministerio de Energía indica que para el 2024 correspondía un presupuesto prorrogado de $ 59,36 millones, pero que no contaba con la asignación de fuentes de financiamiento por parte del Ministerio de Economía. “Por falta de liquidez no se hicieron las transferencias requeridas. Recién a partir del 2 de abril se aprobó la proforma de este año por $ 62,8 millones.
Arrobo sostiene que más allá de lo urgente, se trabajó en una estrategia a largo plazo para enfrentar el cambio climático.
La exministra asegura que no es su intención afectar al gobierno de Daniel Noboa, que no guarda rencores y que “las circunstancias adversas, sumadas a las fallas estructurales, han llevado a que se haya tergiversado la información y cuestionado la gestión del Ministerio”. Y con respecto al proceso legal en su contra dice que su versión y toda la información se encuentra en el expediente de la Fiscalía General.
“Dejar el sector privado para servir desde lo público tiene sus complejidades, entre ellas, saber que lo técnico no es suficiente en un país donde manda la política. A pesar de todo, no guardo rencores. Mi trabajo se apegó a cumplir un plan integral por el país, del cual cuento con los respaldos respectivos”. (I)
