Alembert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y exabogado de Rafael Correa, fue sancionado con una multa económica y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años, al ser hallado culpable del cometer una infracción electoral grave por hacer proselitismo para su candidatura al Consejo en 2023, irrespetando la ley.
La resolución la tomó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la tarde del miércoles 8 de mayo, en una sesión en la que se conoció la apelación de los denunciantes Juan Esteban Guarderas (actual vocal del CPCCS) y Bernardo Jijón, quienes en 2023 denunciaron a Alembert Vera y a Marcela Aguiñaga.
En septiembre del año pasado, el TCE emitió una sentencia de primera instancia en la que negó la denuncia. Sin embargo, en la apelación el organismo revisó nuevamente los argumentos de los denunciantes, que se basaron en publicaciones en redes sociales donde se promocionó la candidatura de Vera asociada al movimiento correísta Revolución Ciudadana.
El Tribunal acogió parcialmente la apelación y concluyó que Alembert Vera sí incurrió en la infracción electoral. En cambio, de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas, se ratificó su inocencia “por falta de pruebas practicadas en su contra”.
Vera deberá pagar una multa de 50 salarios básicos, equivalentes a $ 22.000 (calculados con base en el monto del salario vigente en 2023).
Tras conocerse la sentencia del TCE, Juan Esteban Guarderas celebró la decisión. “Estoy muy emocionado, acabamos de ganar el juicio contra Alembert Vera”, destacó. Añadió que él y sus colaboradores han recibido amenazas y amedrentamientos.
“Alembert Vera va a salir a decir que su libertad de expresión está siendo afectada. Se va a victimizar como se victimiza Pabel Muñoz (alcalde de Quito). Que se enteren, las normas de la democracia se tienen que cumplir. Así como un alcalde no puede ofrecer obras, si gana una candidata a la Presidencia, lo mismo una persona que tenía que ser neutra, no podía hacer campaña con un partido político”, expresó mediante un video que publicó en redes sociales.
Guarderas ingresó al Consejo de Participación Ciudadana luego de la destitución de Vera.
En octubre de 2023 fue destituido del Consejo de Participación Ciudadana por disposición de la Corte Constitucional, al incumplir del Dictamen Interpretativo 02-19-IC/19, que blindó las actuaciones del Consejo de Participación transitorio, entre ellas la designación de autoridades.
La Corte basó su decisión en la actuación del Consejo que pretendió revisar la designación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien fue elegida por el Consejo transitorio. (I)
