El ex presidente nombró como abogada a la penalista Mariana Barbitta, que defendió al ex jefe del Ejército César Milani y al ex juez federal de Corrientes Soto Dávila en una causa de narcotráfico.
El ex presidente Alberto Fernández hizo su primera jugada en el expediente en el que se investiga si durante su gobierno existió “una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales”, a través de la intermediación de la aseguradora Nación Seguros, y en donde un grupo de intermediarios se habrían quedado con jugosas comisiones. Tras designar a una abogada de confianza, la penalista Mariana Barbitta, el ex Jefe de Estado apeló la inhibición de sus bienes y recusó al juez Julián Ercolini por temor de parcialidad, confirmaron al portal de noticias Infobae fuentes judiciales.
La presentación se realizó anoche ante el propio Ercolini, que en las próximas horas deberá responder al pedido de apartamiento. Según trascendió, la abogada Barbitta lo invitó a excusarse pero dejó el planteo de recusación. Según sostuvo, Alberto Fernández lo había denunciado durante su gestión.
Alberto Fernández y Julián Ercolini trabajaron en la Universidad de Buenos Aires bajo la misma cátedra del ex Procurador Esteban “Bebe” Righi. “Hemos mantenido una extensa y muy cercana relación de amistad estrecha”, aseguró el ex mandatario. Antes de llegar a la presidencia, Fernández había cuestionado a los jueces de Comodoro Py 2002 por su actuación en causas contra referentes kirchneristas y había dicho que muchos de ellos iban a tener que “dar explicaciones”. Entre ellos aparecía Ercolini, que había enviado a juicio a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.
A fines de 2022, el entonces presidente instruyó al Ministerio de Justicia a radicar una denuncia penal contra los jueces, fiscales y funcionarios que compartieron un viaje a Lago Escondido. Esa denuncia ya quedó cerrada luego de que se sostuviera que hubo inteligencia ilegal.
La decisión de la recusación de Alberto Fernández contra Ercolini, si el magistrado no la acepta, estará en manos de uno de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal que será elegido por sorteo. El tribunal está integrado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
Precisamente, la activación de Fernández en el expediente tuvo lugar cuando la Cámara Federal recibió las apelaciones de algunos imputados por la inhibición de bienes. Allí, dispuso que el juzgado informara a todos los involucrados. Entre ellos estaba el propio Alberto Fernández, que recibió la notificación en el departamento de Puerto Madero que supo ocupar hasta antes de llegar a la presidencia en diciembre de 2019.
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abogada Mariana Barbitta, defensora de Alberto FernándezUna de las grandes incógnitas era qué defensor elegiría. Barbitta es una reconocida penalista del fuero que lideró AMPA (Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina). Defendió al ex titular del Ejército César Milani cuando lo juzgaron por la desaparición del soldado Agapito Ledo -fue absuelto-, al ex juez Federal de Corrientes Soto Dávila por proteger a narcotraficantes, y al ex mediocampista de Boca, Mauricio “Chicho” Serna, en la causa en la que se lo acusa de ser testaferro de un narcotraficante colombiano.
El planteo de la defensa de Alberto Fernández llega cuando el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo se encuentran analizando toda la documentación secuestrada, esperando el resultado de los entrecruzamientos telefónicos y analizando el contenido de los celulares y computadoras que quedaron afectados a la causa. Justamente, el amigo de Alberto Fernández y ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano está pidiendo que le devuelvan uno de esos equipos, añadieron las fuentes. También se están analizado, a través de la PROCELAC, las declaraciones juradas de los implicados y el listado de sus bienes
Por lo pronto el juez decidió la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa: Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San Germán, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.
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El magistrado Julián Ercolini (archivo Adrián Escandar)Según describió el propio Ercolini, a partir del dictado del Decreto n° 823/2021, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de diciembre de 2021, el Ejecutivo de Alberto Fernández dispuso que todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su función, a través de la firma “NACIÓN SEGUROS S.A.” -durante la gestión de Alberto Carlos PAGLIANO-, mediante un convenio interadministrativo.
En ese contexto se habilitó la posibilidad de que participaran “otras aseguradoras en forma de coaseguro” y eso “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contasen con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran, entre otros, Héctor MARTÍNEZ SOSA, Pablo Andrés TORRES GARCÍA y Oscar Alberto CASTELLO; como así también las firmas “HÉCTOR HORACIO MARTÍNEZ SOSA Y COMPAÑÍA S.A.”; “TG BROKER S.A.”; “BACHELLIER S.A.”; “CASTELLO MERCURI S.A.” y “SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.”; a quienes se les abonaban comisiones que conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado y/o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas”.
Poderoso productor de seguros que maneja pólizas de muchos ámbitos de la administración pública nacional, en algunas provincias y en municipios, Martínez Sosa está vinculado a Alberto Fernández: el broker le prestó unos 20.000 dólares, según sus declaraciones juradas. Es además es el esposo de María Cantero, la histórica secretaria que tuvo el expresidente y también imputada.
“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, dijo el expresidente cuando comenzó el caso. El escándalo de los seguros se inició tras una nota del periodista Ricardo Roa en diario Clarín, tras la salida de Osvaldo Giordano de la ANSeS, cuando cayó el tratamiento del primer proyecto de Ley Bases.
