“Es necesario indicar el segundo habeas corpus que llegó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este llegó a la Sala Contencioso Administrativa, cuyo Tribunal estaba conformado, de acuerdo al acta de sorteo, por Fabián Racines (ponente), Iván L. y Milton Velásquez. Yo tuve contacto directo con Iván L. en su oficina del piso sexto de la Corte Nacional, en el cual expliqué que existían $ 450.000 para hacer esto, y que podía ser dividido en $ 150.000 para cada uno”.
Pese a que la respuesta al planteamiento hecho por Álex Palacios, entonces asesor del juez de la CNJ, Wilman Terán, fue que en la Sala Contencioso Administrativa no se podía hacer ninguna gestión respecto al narcotraficante Leandro Norero o a sus familiares, la Fiscalía General abrió una investigación previa contra el actual juez nacional Iván L. ante una posible participación en el delito de cohecho.
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 2, 2024
El anuncio del inicio de esta investigación previa se dio el jueves 2 de mayo pasado, luego del testimonio anticipado que rindió dentro del caso Metástasis Álex Palacios, uno de los 52 procesados por el delito de delincuencia organizada y exasesor de Wilman Terán no solo en la Corte Nacional, sino también cuando estuvo en la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ). Terán también es uno de los acusados en calidad de colaborador en Metástasis.
Los ‘habeas corpus’ a favor de la familia de Leandro Norero
Palacios en su testimonio anticipado, como parte de su colaboración con la justicia, se refirió a un habeas corpus que llegó a la CNJ y que estaba relacionado con la hermana de Norero, Johanna Zambrano Tigua. El exfuncionario judicial relató que esta era la segunda acción constitucional de este tipo que llegaba a la Corte Nacional, en la cual estaba involucrado un familiar de Norero, líder de la “empresa criminal” investigada en el caso Metástasis y que fue asesinado en la cárcel en octubre de 2022.
Sobre el primer habeas corpus, Palacios recordó que para agosto del 2020 recibió una llamada de Hélive Angulo, otro de los procesados en Metástasis, el cual pese a no ser abogado se encargaba de generar nexos respecto a causas judiciales que tenían que ver con Norero. Alias Estimado, como se conocía a Angulo, le habría dicho a Palacios que “debían actuar” en un habeas corpus que iba a llegar a una Sala de la Familia de la CNJ, la cual estaba presidida por el juez David Jacho y Wilman Terán era uno de sus integrantes.
“Para ser exactos y precisos, en una conversación en el baño del piso sexto de la Corte Nacional de Justicia le indiqué a Wilman Terán lo que estaba sucediendo. Él me indicó que solicite la cantidad de $ 2 millones a Hélive Ángulo con el fin de poder empezar la tramitación del habeas corpus”, señaló Palacios y aclaró que Norero al ser informado del costo había dicho que era un precio demasiado alto el que se exigía.
Finalmente, nada se habría concretado en este primer habeas corpus a favor del hermano de Norero, no solo por el alto precio que se exigía, sino principalmente porque Jacho, el juez ponente de la Sala, se negó a realizar el pedido y recibir dinero, “quedando solo Wilman Terán”.
Jueces de la Corte Nacional llamados a rendir versión
El 25 de enero pasado, los jueces Fabián Racines y Milton Velásquez llegaron a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Quito, a rendir una versión libre y voluntaria dentro del caso Metástasis. Las versiones de estos dos magistrados, además de la de Iván L., fueron solicitadas por los entonces jueces de Cotopaxi procesados en el caso Metástasis José S. y Santiago Z.
El en ese momento juez Racines a su salida de la versión dijo que un procesado del caso Metástasis habría pedido su versión sobre un caso que resolvió, el cual tendría relación con un habeas corpus. “Recordemos que los habeas corpus nosotros conocemos independientemente del tema de la materia, cualquier juez de cualquier sala especializada conoce, nosotros conocimos como Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de un tema de habeas corpus en apelación, el cual, dicho sea de paso fue negado”, explicó.
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El 15 de diciembre pasado se inició una instrucción fiscal para investigar una “empresa criminal” que se habría estructurado alrededor del narcotraficante Leandro Norero Tigua. Entre las aristas que se investigan está que esta organización delictiva buscaba hacerse de fallos judiciales favorables en la Corte Nacional, así como en Cortes Provinciales, además de beneficios penitenciarios para Norero, sus familiares y personas cercanas al narcotraficante.
Racines dijo desconocer los casos en los que se hablaría de que se buscaron fallos para favorecer a determinada persona, y aclaró que lo que tiene que ver con él y su Tribunal de Apelación que analizó el habeas corpus, negó el recurso. “No preocupa nada. Esto es parte de nuestra actividad, nosotros tenemos que como servidores públicos, fundamentalmente como jueces, estar siempre dispuestos a colaborar con todas las autoridades. Y más bien con la conciencia tranquila”, anotó el magistrado.
Mauricio Garrido, abogado de Racines, señaló en su momento que la versión rendida tuvo que ver con una decisión de jueces de la Sala de la Contencioso Administrativo de la Corte Nacional respecto a un recurso de apelación de un habeas corpus presentado por una ciudadana de apellidos “Zambrano Tigua”, el cual fue rechazado. “La pregunta que se hizo es que en este proceso había habido alguna observación desde el punto de vista del trabajo de los jueces de instancia, lo cual no existió porque en este caso se ratificó esa sentencia (de primera instancia)”, sostuvo el defensor.
Al momento, Iván L. y Milton Velásquez son integrantes de la Sala Especializada de los Contencioso Administrativo, mientras que Racines ya no forma parte, desde el 3 de febrero pasado, del más alto órgano de justicia ordinaria del país. Este último dejó de ser juez debido a que su periodo de tres años como magistrado culminó y el CJ le notificó con el término de sus funciones.
Otros casos iniciados a partir de Metástasis
Esta investigación previa por el delito de cohecho no es la primera indagación que se desprende de información o hechos generados dentro del caso Metástasis. Debido a información periciada y encontrada en un teléfono celular de la procesada Mayra Salazar, comunicadora institucional de la Corte Provincial de justicia del Guayas, el 4 de marzo pasado, se abrió el caso Purga contra doce personas, entre ellas, el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.
Un mes después de iniciado el caso Purga, la Fiscalía detuvo a 14 personas por delincuencia organizada como parte del caso denominado Plaga. Información recabada dentro de Metástasis también habría servido de base para una investigación que aborda la concesión de acciones constitucionales de manera ilegítima a privados de la libertad con “alto nivel de peligrosidad”.
En el ámbito administrativo, desde el Consejo de la Judicatura, su presidente temporal, Álvaro Román, también anunció que la institución inició acciones derivadas de los datos ofrecidos en su testimonio anticipado por Álex Palacios. Según Román, se inició una investigación contra un funcionario que estaría involucrado en la venta de cargos dentro de la Judicatura.
El presidente Román dijo que el caso de presunta venta de cargos está en conocimiento del pleno de la Judicatura y se procederá con la desvinculación del funcionario en los próximos días, pues se le habrían iniciado los sumarios administrativos respectivos. La denuncia, resaltó Román, también habría sido trasladada a la Fiscalía, para la correspondiente investigación penal, informó.
Fuente: El Universo
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