En 2016, la Ley Orgánica del Ministerio Público fue reformada con 140 votos a favor para que el jefe del Estado no pudiera cesar al fiscal general, salvo varias excepciones.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció el domingo en cadena nacional que ha decidido presentar ante el Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público que “abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes y sea removida de su cargo”.
“La reforma que proponemos restablece los parámetros que fueron establecidos en nuestra Constitución para la remoción del fiscal general y jefe del Ministerio Público”, aclaró, añadiendo que la medida “asegura un mecanismo de rendición de cuentas para que nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente del poder” e impide que el Ministerio Público “vuelva a ser utilizado como un arma política“.
Para sacar su reforma adelante, Arévalo necesita asegurar al menos 106 votos de los 160 diputados del Congreso. En 2016, la Ley Orgánica del Ministerio Público fue reformada con 140 votos a favor para que el jefe del Estado no pudiera cesar al fiscal general, salvo varias excepciones.
Acción del Ministerio Público contra Arévalo
La reacción de Porras no se hizo esperar. A última hora del domingo el Ministerio Público difundió un comunicado informando de que la Fiscalía había presentado una Acción Constitucional de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
Pretende que la Corte ordene al presidente que “se abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales, y medidas financieras y presupuestarias a través de las cuáles pretenda tomar el control del Ministerio Público” y acusa al mandatario de actuar de forma “arbitraria e ilegal” y de promover acciones que incitan a la violencia contra Porras.
Asimismo, en el comunicado se asevera que “existe una clara intención de alterar la seguridad democrática del país“, una “grave amenaza para el Estado constitucional de derecho” y “un patrón de ataques sistemáticos e intimidatorios en contra del personal del Ministerio Público, con la intención de obstaculizar investigaciones en curso.
Enfrentamiento abierto con la fiscal Consuelo Torres
La fiscal general María Consuelo Porras jugó un papel controvertido durante las elecciones generales de 2023, que le valió sanciones en decenas de países y estuvo a punto de dar al traste con la transición presidencial, siendo acusada por Arévalo de intentar dar un golpe de Estado.
Porras, que lleva casi seis años en el cargo, también es una “gran amiga” del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei y ha sido señalada por no investigar posibles actos de corrupción de la pareja del exmandatario, Miguel Martínez.
Fuente: RT
