La fiscal general Diana Salazar solicita al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, defina para los 52 procesados en el caso Metástasis una multa de $ 8.400 para cada uno de los involucrados y una reparación integral total de $ 5.2 millones, la cual deberá ser repartida entre cada uno de los acusados, es decir, $ 100.000 por cada uno.
Ese pedido lo hizo la titular de la Fiscalía la noche del jueves 2 de mayo último, durante la jornada en la que se escucharon a primera hora los testimonios anticipados de los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis, Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Corte Nacional, y del policía y perito de lavado de activos, Héctor P.
La fiscal Diana Salazar busca esta definición una vez se ha cerrado formalmente la instrucción fiscal, el 13 de abril pasado, y se ha convocado a las partes procesales (Fiscalía General, Procuraduría General del Estado y los 52 procesados) para el 3 de junio próximo para que se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio respectiva. En la diligencia se debatirán nulidades procesales y se escuchará el dictamen fiscal contra los sospechosos de integrar una “empresa criminal” liderada por Leandro Norero para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada de fiscales, peritos, jueces y abogados en casos de interés de la estructura.
Salazar arrancó solicitando para los 52 procesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 70, número 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), una multa por el delito de delincuencia organizada, cuya pena de cárcel es de 7 a 10 años, de $ 8.400 por cada procesado, es decir, el equivalente a 40 Salarios Básicos Unificados.
Además, la representante de la Fiscalía recordó que la Constitución obliga al Estado ecuatoriano, a través de los operadores de justicia, a garantizar la reparación integral de las víctimas de las infracciones penales y en este caso, al tratarse de delincuencia organizada, la víctima es el Estado, representado a través de la Procuraduría General.
Se aclaró que el monto de la reparación integral no puede ser subsumido por el monto que el COIP atribuye por concepto de multa, es decir, la pena pecuniaria al delito de delincuencia organizada, por cuanto son dos cosas distintas.
“Conforme se ha desprendido de la tramitación de la instrucción fiscal y en atención a las copias certificadas del expediente fiscal de lavado de activos en contra de Leandro Norero, tomando en cuenta el daño que el grupo estructurado ha causado a todo el país, así como el monto de lavado que esta estructura pretendía dejar en la impunidad, se ha podido determinar que el monto proyectado para garantizar la reparación del Estado como víctima directa es de $ 5.2 millones, divididos de manera proporcional para los 52 procesados, esto es la cantidad de $ 100.000 para cada uno”, refirió la fiscal Diana Salazar al juez Córdova.
Para las 17:30 de este lunes 6 de mayo se ha definido se reinstale la audiencia de testimonios anticipados y de revisión de medidas cautelares en el caso metástasis que inició el jueves 2 de mayo pasado. Córdova escuchará a las defensas de los procesados una vez la Fiscalía ha solicitado estas medidas de carácter real y también ha solicitado que deben revisarse las medias de presentación periódica incumplidas por los procesados el juez Johan M., el policía Edin I. y el juez Ángel L., debiéndose imponer prisión preventiva.
Retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/XUPJ7ABBUFBL5MS6QKX5OQXAKQ.jpg)
Para cumplir con esta multa y reparación integral planteadas, la fiscal general pidió que se ordene en contra de todos los procesados las siguientes medidas contenidas en el artículo 549 del COIP:
1.- La retención de cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan los procesados en el sistema financiero nacional, excepto aquellos valores que la Constitución y la ley tutelan. Para el efecto, solicitó que se oficie a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
2.- La prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles que mantengan los procesados a su nombre, para el efecto se deberá cursar los correspondientes oficios a los Registros de la Propiedad de cada cantón en la que se encuentran, así como a las respectivas Agencias de Tránsito que corresponda.
3.- La prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover acciones y participaciones en el porcentaje que mantengan a su nombre, para lo cual se deberá oficiar a la Superintendencia de Compañías.
Para la decisión que adopte finalmente en este sentido el juez Córdova, en audiencia la fiscal Salazar le puso en conocimiento a él, así como al resto de sujetos procesales, un oficio del 27 de marzo pasado, suscrito por William Suasnavas, jefe nacional de investigación de la Fiscalía General del Estado, que contiene anexo el informe número 353, suscrito por el capitán Víctor Rivas y la teniente Amanda Farinango, quienes hacen el detalle de los inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y acciones que presumiblemente registran las personas procesadas. Ese informe fue detallado por casi 30 minutos en la audiencia del jueves pasado.
El juez nacional Felipe Córdova deberá entregar una respuesta no solo a los pedidos hechos por la Fiscalía, sino también a las solicitudes de revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva y presentación periódica hechas por el expresidente del CJ, Wilman Terán; la exintegrante de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, Claudia Garzón; de Hélive A., testigo protegido que fue en su momento persona que manejó asuntos económicos y judiciales del narcotraficante Norero; además de otros tres procesados más. (I)
Fuente: El Universo
