El accionar del Gobierno fue más allá de los operativos rutinarios de sacar de las calles las armas ilegales y a sujetos peligrosos; también investigó cuentas de funcionarios y de dónde habían obtenido bienes costosos en tan poco tiempo de estar en un puesto público, para así desarmar a las organizaciones criminales y saber quién o quiénes los apoyaron. El Plan Fénix debe centrarse en una verdadera reingeniería de muchos puestos públicos donde la putrefacción del soborno ha sido el pan de cada día.

Como ciudadano ecuatoriano no he escuchado que en este plan se hayan realizado operativos en lugares donde se venden municiones y arreglen armas; estos talleres son visitados por sujetos de conducta delictiva y, por ende, los agentes de la fuerza pública deben actuar en estos sitios y cerrarlos, puesto que son centros de apoyo al crimen y delincuencia. 

Luis Gustavo Lamota Mora, abogado, Guayaquil

Fuente: El Universo

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