El rastrillo policial, un lugar donde se reciben y entregan armas de fuego a los uniformados, está envuelto nuevamente en actos de corrupción. Esta vez ocurre en Cuenca (Azuay), donde un sargento de la institución fue procesado por el presunto delito de concusión. Según informó la Fiscalía General del Estado, este 25 de abril, el sargento Héctor Enrique J. fue aprehendido para investigaciones por su presunta autoría en el delito. Tras la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el juez dictó medidas cautelares contra el sargento, como la prohibición de salida del país, pese a que la Fiscalía pidió prisión preventiva contra el uniformado.
Pero, ¿qué delito habría cometido exactamente el sargento Héctor Enrique J.? Los hechos y acusaciones se remontan a la tarde del 23 de abril, cuando otro servidor policial denunció al sargento, quien era encargado del rastrillo en el Comando policial de la subzona Azuay. Según la denuncia, Héctor Enrique J. habría solicitado dinero a este policía y a otro compañero, para incluirlos en la lista de entrega de las armas de dotación.
Los uniformados accedieron y le entregaron al ahora procesado USD 80 por las armas.
Minutos más tarde de esta ‘transacción’, el implicado fue aprehendido en su lugar de trabajo.
En el rastrillo policial, las autoridades incautaron un papel en el que estaba anotado el nombre de los uniformados, y el valor pagado. Además, se decomisaron el celular del procesado y el dinero en efectivo. El delito de concusión se sanciona en Ecuador, según el Código Penal, con una pena en prisión de tres a cinco años.
Fuente: Primicias
