Dos días después de producida la votación por la consulta popular y referéndum, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) difundió su informe preliminar de los hallazgos y recomendaciones al proceso en el que expresó su preocupación por la violencia y el retraso en la difusión de resultados oficiales.
Este 23 de abril de 2024, la Misión de Observación Electoral de la OEA, dio a conocer su informe preliminar de las elecciones del domingo pasado del referéndum y plebiscito de once preguntas de iniciativa gubernamental en las que plasmó sus hallazgos y recomendaciones para próximos procesos.
La Misión arribó el país el 11 de abril y estaba conformada por 15 expertos de siete nacionalidades y la presidió el expresidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Patricio Santamaría Mutis, quien resaltó aspectos como la normalidad en la que se desarrolló la jornada del 21 de abril y los mecanismos de organización del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
No obstante, observó con preocupación que este evento político se hizo en un «contexto complejo» por hechos violentos atribuidos a Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que dejaron dos alcaldes asesinados, señaló en una publicación en la red social X.
«Si bien la jornada del domingo transcurrió de forma pacífica, la Misión considera importante tener en cuenta que este referéndum y consulta popular se desarrolló en un contexto complejo. El proceso se enmarcó en un escenario de actuación de grupos del crimen organizado, recrudecimiento de la violencia y asesinatos de actores políticos. La Misión condena enérgicamente los ataques mortales que se dieron en los días previos a la jornada electoral y lamenta la muerte de dos alcaldes y el escolta de uno de ellos ocurridas en Azuay (cantón Camilo Ponce Enríquez) y en El Oro (cantón Portovelo)», señala el documento de 19 páginas.
Entre otros aspectos, los representantes del organismo regional, del que Ecuador es parte, lamentaron el retraso en el procesamiento de los resultados oficiales que, se habría producido, por los procedimientos de control de firmas y totalización de resultados de las actas.
«Esta tarea es realizada por los operadores de los Centros de Procesamiento Electorales (CPE) instalados en cada provincia, que para este proceso constituyeron un grupo muy escaso dado el volumen de actas que debía procesarse», cita el informe.
Ello, en referencia a que las Juntas Receptoras del Voto debían procesar las papeletas de los electores y llenar once actas de escrutinio: una acta por cada pregunta que a su vez debía ser escaneada para integrarla al sistema informático del Consejo Electoral.
