Una vez que los resultados de la consulta popular y referéndum constitucional queden en firme, empezarán a correr los plazos para que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional viabilicen las reformas dispuestas.
Eso será tras el cumplimiento de las etapas en la que los sujetos políticos podrán plantear recursos de objeción e impugnación (un mes de plazo para conocer y resolver) en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Una de las prioridades del Legislativo deberá ser el tratamiento de la pregunta ‘A’ relacionada con la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución sobre el apoyo de militares a la Policía Nacional. La Asamblea tendrá un plazo de 60 días para establecer el marco normativo con el cual los militares podrán realizar el trabajo complementario.
Voluntad popular
Para el tratamiento de esta pregunta, que amerita una actuación urgente, el docente de derecho constitucional, Christian Masapanta, observa que podría haber dificultades por la actual fragmentación de la Asamblea, pero espera que esto no se convierta en un obstáculo para canalizar la propuesta. “La Asamblea debe asumir un rol comprometido con la voluntad de los electores en las urnas y no generar un bloqueo dentro de la esfera política”, recomendó.
Jhonatan Parra, del movimiento gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea, cree que ningún legislador se opondrá al mandato popular. “Ningún asambleísta se va a oponer, porque cuando vayan a pedir el voto en caso de buscar la reelección (en las elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero de 2025) con qué cara van a pedir el voto; le van a decir tú no cumpliste con la voluntad popular”, expresó.
Para Franklin Samaniego (Revolución Ciudadana), una vez que se oficialicen los resultados, en el tema de seguridad deberá darse el trámite que corresponda en la Comisión de Justicia.
“Somos oposición al Gobierno, sin embargo, hemos demostrado que los temas que son de interés para el pueblo ecuatoriano y garantizan derechos tendrán el apoyo de la bancada”, afirmó.
Judicaturas, extinción de dominio
En menos de un año, la Asamblea también deberá establecer el marco normativo para la implementación de las judicaturas especializadas, que estarán a cargo de jueces de garantías constitucionales. También para canalizar los instrumentos legales que permitirán que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Para esta última reforma se establece que, dentro del plazo de cinco días, posterior a la publicación de los resultados, el presidente de la República, Daniel Noboa, deberá remitir un proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que aprobó la Asamblea el 8 de febrero de 2024. La iniciativa del Ejecutivo tendría que modificar la ley en el sentido de que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito.
“La Asamblea deberá asumir un rol serio y llegar a acuerdos para implementar las modificaciones”, agregó Masapanta, quien se preguntó si una Asamblea dividida logrará aprobar las reformas en un plazo de 60 días o establecerá la ampliación de los plazos.
A criterio del docente universitario, estos serán los desafíos del Legislativo de cara a la promulgación de resultados. Masapanta exhortó a que se redoblen esfuerzos para acatar la voluntad popular.
Para ello, recomendó que las autoridades del Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberían canalizar un procedimiento para desarrollar las reformas a la normativa y cumplir con los tiempos que se aprobaron en la consulta. En este sentido, incluso cree que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC) debería definir una nueva agenda legislativa. (SC)
Fuente: Diario La Hora
