Franklin T., juez de de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pasaje, en El Oro, y Gary P., secretario judicial del cantón Paján, en Manabí, fueron suspendidos esta semana por el Consejo de la Judicatura.
La decisión se tomó en sesión ordinaria la mañana de este martes, 16 de abril, y el pleno del organismo dispuso la medida por tres meses, lo que incluye la inhabilitación de sus salarios.
Los dos servidores judiciales, que son investigados por presunta delincuencia organizada dentro del denominado caso Plaga, se encuentran detenidos desde el 3 de abril, cuando en una serie de allanamientos los capturaron en sus domicilios por otorgar acciones constitucionales de manera ilegítima a privados de libertad con ‘alto nivel de peligrosidad’, según la Fiscalía General del Estado.
En el caso del juez de Pasaje fue allanada su casa en Cuenca durante el operativo que dejó un total 14 aprehendidos. De este funcionario judicial se conoce que supuestamente liberó a dos sentenciados por tráfico de drogas.
Además, entre 2022 y 2023, tiene tres solicitudes de declaratoria jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable.
El Consejo de la Judicatura informó que ambos procesados habrían cometido infracciones graves y gravísimas, determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial.
108.13 Infracción grave: Usar en beneficio propio o de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña.
109.11 Infracción gravísima: Solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial en el servicio que le corresponde prestar.
Las infracciones gravísimas incluyen como sanción la destitución del cargo, las infracciones graves incluyen como sanción la suspensión del cargo por un tiempo determinado y, finalmente las infracciones leves son sancionadas con una amonestación verbal o escrita y el cobro de multas, según la ley que rige a la Función Judicial.
El pleno dispuso remitir la información que consta en la presente medida de suspensión a las direcciones provinciales de El Oro y Manabí del Consejo de la Judicatura, a fin de que se inicien las acciones disciplinarias correspondientes.
Fuente: El Universo
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