En medio de una honda crisis penitenciaria, el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) planificó en 2023 gastos de inversión por USD 16,8 millones. Pero sólo ejecutó el 42,92% de esa cifra, es decir USD 7,2 millones, según datos de la entidad. Ese presupuesto de inversión no permanente correspondía al proyecto de Reestructuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que no llegó a ejecutarse de forma integral, a pesar las grandes falencias y de las necesidades en las cárceles del país. Según un análisis del Plan Anual de Contratación (PAC) del SNAI, realizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y el Observatorio de Contratación Pública, la brecha en millones de dólares, entre lo planificado y lo ejecutado, sería aún mayor.
En todo caso, la FCD y el Observatorio encontraron que el nivel de ejecución es del 40%. «Esta discrepancia revela una brecha entre la planificación y la ejecución, evidenciando ineficiencia en la institución», reza un informe reciente de las entidades. El análisis al plan de contratación revela como un solo proveedor se encargó, por ejemplo, de los servicios alimenticios de los presos por un monto de USD 27 millones en 2023, sin que medien procesos de contratación pública y abusando del mecanismo de convenio de pago. Así, el Observatorio pide tomar medidas administrativas más decisivas en el proceso de restablecimiento del control de las prisiones y para garantizar la seguridad de los reclusos. El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad ejecutó en 2023 un presupuesto de USD 108,4 millones y destinó más de la mitad, USD 62 millones, al pago de personal.
Según el organismo que administra el sistema penitenciario, el porcentaje de ejecución presupuestaria fue del 95% del gasto corriente; pero solo del 42% en el gasto de inversión.
Servicios de alimentación vía acuerdo entre partes
De acuerdo a datos de la Plataforma de Contrataciones Abiertas, la empresa Lafattoria S.A ha sido la proveedora de alimentos para los centros de privación de libertad en Ecuador desde 2015. También provee servicios de alimentación al Ministerio de Educación. En primera instancia, la Secretaría de Derechos Humanos se encargó de contratar sus servicios hasta 2018 y en adelante esa responsabilidad se transfirió al SNAI. Desde 2000 se han formalizado al menos 13 convenios de pago entre ambas entidades por USD 77 millones. Solo en 2023 se registran nueve acuerdos de convenios de pago por más de USD 27 millones. Es más, se suscriben los convenios meses después de proporcionados los servicios de alimentación penitenciarios a escala nacional.
El SNAI reconoce en su rendición de cuentas de 2023 que esta figura del convenio se aplica por excepción, cuando no es posible celebrar un contrato observando formalidades de la Contratación Pública. Pero su aplicación se volvió sistemática, según los registros de la entidad.
El Observatorio de Contratación Pública subraya que estos acuerdos de pago son mecanismos excepcionales y llama a examinar la relación entre la agilización de los procesos y el respeto a los procedimientos legales. De acuerdo a los testimonios de los presos en Guayaquil, la alimentación es tan mala, que incluye por ejemplo un “encebollado de la muerte que te manda directo al baño”. Antes de la militarización, los detenidos que tenían la posibilidad preferían cocinar sus propios alimentos. Además, este año se han documentado casos de enfermos que han llegado con cuadros de desnutrición al hospital de Monte Sinaí. Lafattoria S.A, la empresa proveedora de alimentos, tiene como beneficiarios finales, según la Super de Compañías, a Richard Villagrán Freire, estadounidense, con el 99% de las acciones de la compañía; y a Rosa Mueckay Morales, ecuatoriana, con el 1% de las acciones.
Fuente: Primicias
