La Contraloría General del Estado predeterminó responsabilidades civiles culposas por USD 974.568 en contra de tres funcionarios y un contratista que prestaron servicios en la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Los servicios fueron prestados entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, informó la Contraloría en un comunicado. Las presuntas responsabilidades se derivan de un examen especial, en el cual se analizó el contrato suscrito por la Celec con la compañía rusa Tyazhmash S.A. para terminar las obras electro e hidromecánicas de la Central Hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
El equipo de auditoría detalló que el personal técnico empleado por la contratista no cumplió los requisitos mínimos establecidos en los pliegos. Los trabajadores no tenían título de tercer nivel en ingeniería y no presentaron certificados que avalen su experiencia laboral, según el comunicado de la Contraloría. Sin embargo, el administrador del contrato no impuso las multas correspondientes, que ascendían a USD 433.000 en contra de Tyazhmash S.A., monto por el cual se predeterminó una responsabilidad civil. Otra glosa, por el mismo valor, corresponde a las multas que no se impusieron ante la ausencia de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, de acuerdo a las normas ISO.
“El contratista debió implementar estos controles para prevenir riesgos a la seguridad y salud de sus trabajadores y al medio ambiente”, señaló la Contraloría. Como resultado de ese examen especial, la entidad de control también predeterminó una glosa por USD 108.568 en contra de la contratista, los funcionarios que administraron los contratos y el jefe del Departamento de Obras Civiles que actuó durante el período auditado.
Sin aprobación del administrador
El monto de la responsabilidad civil corresponde a los pagos por trabajos extraordinarios. “Este rubro se incluyó en tres planillas sin solicitar la aprobación del administrador del contrato y sin especificar la cantidad de horas y la categoría del personal empleado”, explicó la Contraloría.
Además, los costos de la mano de obra fueron superiores a los fijados por el Ministerio de Trabajo, originando pagos injustificados por el valor de la glosa. A partir de la notificación, los posibles responsables cuentan con 60 días para presentar pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. Luego del análisis de estos argumentos, la Contraloría puede confirmar total o parcialmente las responsabilidades, o no confirmarlas, según establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Fuente: Primicias
