La insistencia de Nayib Bukele con el Bitcoin sigue bloqueando su negociación con el FMI por un salvavidas financiero

El Salvador llega a las reuniones de primavera con las multilaterales sin un plan para atender la recomendación que hizo el Fondo de limitar el alcance de la criptomoneda en el marco de las negociaciones crediticias.

Los enviados del presidente Nayib Bukele que visitarán Washington la tercera semana de abril intentarán, por enésima vez, llevar a buen término las negociaciones que El Salvador mantiene con el Fondo Monetario Internacional por un crédito de USD1.4 mil millones que el país centroamericano necesita de forma urgente para hacer frente a los compromisos fiscales y pagos de deuda que tiene enfrente. Las pláticas llevan estancadas casi dos años por la reticencia de Bukele a revisitar la ley que dio circulación legal al Bitcoin en 2021.

El FMI se lo ha dicho con bastante claridad al gobierno de Bukele: sin tocar el asunto del Bitcoin y hacer al menos algunas reformas a la ley salvadoreña de criptomoneda las negociaciones continuarán en punto muerto.

La advertencia más reciente llegó el jueves pasado a través de Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo, quien al referirse a las negociaciones con El Salvador confirmó que estas continúan, pero reiteró que el asunto de “los riesgos” asociados “al Bitcoin es un elemento clave en nuestras discusiones con las autoridades” salvadoreñas.

Ya en enero de 2022, tras concluir la revisión de las condiciones del país, la junta ejecutiva del FMI había concluido que la “adopción de una criptomoneda como circulante legal… conlleva riesgos importantes para la integridad financiera y de mercados, para la estabilidad financiera y protección del consumidor.

Los directores del Fondo fueron más allá y dejaron por escrito, en aquel informe de 2022, que emplazaban a las autoridades salvadoreñas para que redujeran el alcance de la Ley Bitcoin, aprobada en septiembre de 2021 en el Congreso controlado por Bukele. “Algunos directores también expresaron preocupación por los riesgos asociados con el lanzamiento de bonos respaldados por Bitcoin”, apuntaron.

Bukele, de hecho, intentó vender la idea de bonos Bitcoin, a los que la propaganda oficialista bautizó Bonos Volcán, a inversionistas europeos para obtener fondos frescos y aliviar las estrecheces financieras de su gobierno, pero la idea fracasó ante la indiferencia o negativa de los potenciales inversionistas, según han confirmado dos exfuncionarios salvadoreños que estuvieron al tanto de aquellos intentos.

El presidente empezó a hablar de la venta de deuda soberana amparada en Bitcoin en 2021, poco después de la aprobación de la ley y del anuncio de un megaproyecto al que llamó Bitcoin City, el cual nunca llegó a concretarse. Luego del fracaso europeo y de atrasar varias veces la salida del Bono Volcán a los mercados, funcionarios de Bukele dijeron a finales de 2023 que los bonos estarían listos en marzo de 2024, pero eso tampoco fue cierto.

Desde la aprobación de la Ley Bitcoin, Bukele hizo del tema su principal argumento de propaganda y, de paso, creó una especie de agujero negro al que movió dinero de otras carteras. El ejemplo más claro de esos desvíos ocurrió con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Fondo Monetario Internacional ha pedido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reformas a la Ley Bitcoin como requisito para avanzar en las negociaciones por un crédito de alrededor de USD 1.4 mil millones. Europa Press/Contacto/Ron Sachs

En julio de 2021, el BCIE, que para entonces era ya una de las fuentes alternativas de financiamiento de Bukele bajo la batuta de un funcionario afín al régimen del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, aprobó un préstamo por USD 600 millones destinado a apoyar a microempresarios golpeados por la pandemia de Covid-19. Bukele ocupó USD 200 millones de ese dinero para el lanzamiento del Bitcoin como moneda de circulación legal, lo cual generó incomodidad en el banco centroamericano. Gisela Sánchez, la actual presidenta del BCIE, ha anunciado una investigación al respecto, lo cual ha generado la ira de San Salvador, de acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas.

Desde que le Ley Bitcoin entró en vigor hasta noviembre del año pasado, Bukele había gastado unos USD 125 millones de fondos públicos en criptomonedas. El gobierno ha manejado los detalles de esos gastos en absoluto hermetismo. A mediados de 2022, debido a la caída en el precio del Bitcoin, esa inversión había reducido su valor casi a la mitad, pero desde diciembre pasado, con la recuperación de los precios, el valor de lo invertido ya ha generado superávit, al menos en el papel. El 14 de marzo, el presidente salvadoreño anunció que había guardado parte de esas ganancias en un depósito dentro del territorio nacional.

No hay forma de establecer si lo que dice Bukele respecto a lo invertido en Bitcoin o al destino de esa inversión es cierto, ya que la única fuente de información al respecto son los posts del presidente en redes sociales mientras que el acceso a los datos sobre los fondos públicos utilizados en criptomonedas está reservado.

Lo cierto es que, a pesar de las supuestas ganancias hoy generadas por Bitcoin, el FMI sigue insistiendo en que las negociaciones con El Salvador por un programa crediticio que permita el desembolso de unos USD 1.4 mil millones y abra las puertas a deuda con otras instituciones de la banca internacional seguirán siendo cuesta arriba si el gobierno de Bukele no hace algo respecto a la Ley Bitcoin.

Un funcionario estadounidense familiarizado con la cartera salvadoreña en las multilaterales dijo a Infobae, sin embargo, que Bukele ha emprendido una nueva ofensiva para intentar obtener más fondos frescos a través de la venta de deuda pública, con la misma idea del Bono Volcán, esta vez con la banca estadounidense, en parte amparada en el recalibrado valor del Bitcoin.

Todo esto ocurre en un momento en que la fragilidad de las finanzas públicas, advertida por el FMI al menos desde 2022 y reiterada recientemente por casas analistas de riesgo, parece convertirse en el gran reto político para Nayib Bukele.

El Salvador llega a estas reuniones primaverales en Washington con sus cuentas exhaustas y en medio de cuestionamientos internos y externos por usar fondos de pensiones de los trabajadores para cubrir gastos corrientes y amortizar sus obligaciones financieras, tal como lo señaló Barclay’s, la casa británica analista de riesgos, que a principios de marzo pasado advirtió de la fragilidad financiera del país centroamericano y del riesgo que suponía la operación que involucra a las pensiones.

“Sospechamos que el sistema de pensiones está financiando al gobierno a través de planes de préstamos con el nuevo organismo de pensiones y bancos comerciales”, advirtió entonces Barclay’s. Los analistas británicos también adelantaron que, en el escenario actual, sin fuentes frescas de financiamiento, El Salvador se enfrenta a un escenario de fragilidad.

Tras una reforma a la ley de pensiones en diciembre de 2022, y debido a vencimientos de deuda a partir de 2027, Bukele enfrenta, en su segundo periodo, el reto de reunir USD 3,500 mil millones al año solo para solventar sus compromisos con los acreedores, según los cálculos citados por Barclay’s.

Así, la sostenibilidad fiscal y la posibilidad de impago son las dos grandes sombras que Bukele afronta en su segundo periodo presidencial, al cual accedió tras reelegirse en forma inconstitucional amparado en la interpretación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los que él, el presidente, colocó en sus puestos.

Bukele fue reelegido con amplios márgenes de preferencia en las presidenciales del pasado febrero y, gracias a una reforma de la ley electoral que transformó las circunscripciones territoriales y la atomización de los partidos tradicionales de oposición, volvió a obtener mayoría absoluta en el Congreso.

FOTO ARCHIVO: El logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ve fuera del edificio de la sede en Washington, Estados Unidos. REUTERS/Yuri Gripas/Foto de archivo

El principal argumento electoral de Bukele en la pasada campaña electoral, en el que se sostiene su más que saludable popularidad, ha sido la mejoría en la seguridad pública y la reducción en los índices de criminalidad, sobre todo en los homicidios. Los votantes salvadoreños, la prensa nacional e internacional, incluso la oposición, reconocen los avances de Bukele en seguridad, aun a pesar de que, para lograrlos, su gobierno ha recibido duros señalamientos por graves irrespetos a los derechos humanos de los salvadoreños, que incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, ausencia del debido proceso en el sistema judicial, torturas carcelarias, entre otros.

En el tema económico, sin embargo, el entusiasmo parece decrecer, sobre todo a la luz de algunos síntomas de desmejora que ya va dejando el manejo insostenible de la deuda pública, que incluye falta de pago a proveedores del gobierno, atrasos en los pagos de empleados públicos, falta de transferencias monetarias a instituciones estatales como la Universidad de El Salvador, la única pública del país, y el uso del fondo de pensiones de los trabajadores para pago de deuda.

Uno de los postulados que el gobierno salvadoreño ha manejado con sus interlocutores internacionales, según confirmó un funcionario diplomático en Washington, es que los logros en seguridad se terminarán transformando en estabilidad económica. El Departamento de Estado estadounidense, sin embargo, cree que El Salvador aún no ha llegado a ese punto: “Las mejoras en materia de seguridad aún no se han traducido en una nueva Inversión Extranjera Directa (IED) importante”, advierte la diplomacia norteamericana en un informe.

Los estadounidenses, en su reporte anual sobre la situación de El Salvador, advierten también que Bukele deberá, en algún momento, abordar el fin del régimen de excepción en el que el país vive desde marzo de 2022, cuando su gobierno decretó la restricción de garantías constitucionales después de una masacre provocada por las pandillas MS13 y Barrio 18, con las que el presidente había pactado gobernabilidad.

Las cifras oficiales, al menos las disponibles, dan la razón a Washington. El flujo neto de IED a El Salvador durante el primer periodo presidencial de Bukele (2019-2024) es uno de los más bajos de los últimos 20 años.

La deuda pública, por otro lado, no ha parado de crecer, y lo ha hecho en forma desmesurada durante la era Bukele si se compara con presidentes anteriores.

Al final de su primer periodo, Bukele había aumentado la deuda en casi USD 10 mil millones de acuerdo con un análisis hecho por el economista salvadoreño Rafael Lemus basado en cifras de los ministerios de Hacienda y del Banco Central de Reserva. El alza representó un 85.6% del PIB. El antecesor de Bukele que más deuda había añadido, el izquierdista Salvador Sánchez Cerén, cerró con un aumento de USD 4.9 millones y el 70% del PIB.

A falta de un acuerdo con el FMI, y con la negociación estancada por el asunto Bitcoin, los enviados de Bukele llegarán a Washington sin una noción precisa de lo que el presidente hará o no con los cambios a la ley de criptomoneda solicitados por el Fondo. Por ahora, Bukele ha enviado a su hermano, uno de sus asesores más cercanos, a negociar con la multilateral en las reuniones primavera, previstas a iniciar el próximo 15 de abril.

Se prevé que, como ha ocurrido desde 2022, el jefe de la delegación salvadoreña sea Ibrajim Bukele, el hermano menor del presidente, quien a pesar de no ser funcionario público es el hombre de confianza en temas económicos y líder de esa rama del gabinete. Su lugarteniente, en estas negociaciones, será Sara Hannah Georges, una asesora venezolana de Bukele que en su momento fue investigada en Estados Unidos por posible triangulación de dinero del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro a Florida. Un funcionario diplomático centroamericano y dos empleados del gobierno estadounidense confirmaron a Infobae los roles de Hannah Georges e Ibrajim Bukele en las negociaciones. La casa presidencial salvadoreña no respondió a peticiones de comentarios sobre el tema.

Fuente: Infobae