Desde distintas esferas y espacios políticos, el correísmo insiste en presionar por la salida de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien acusó y obtuvo una sentencia en contra del máximo líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, por cohecho agravado en el caso conocido como Sobornos 2012-2016.
A lo largo de los años que lleva en el cargo (desde el 8 de abril de 2019), Diana Salazar ha liderado varios procesos penales y obtenido sentencias emblemáticas condenando a exfuncionarios del Gobierno de Correa, incluyendo al exvicepresidente Jorge Glas. Esas sentencias obtuvieron críticas y descalificaciones de quienes son parte de la organización correísta.
En la última semana, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, prófugo y con pedido para expedir la difusión roja para su localización al estar procesado en el caso Metástasis, difundió tres videos desde la clandestinidad con supuestos extractos de conversaciones con la fiscal Diana Salazar, y asegura que mantuvo una “relación secreta” con la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Además anunció que difundirá fotografías que supuestamente le enviaba Salazar.
En redes sociales, este 27 de marzo, el exmandatario Rafael Correa muestra el camino que se debería seguir, pues afirma que si es verdad lo que señala Ronny Aleaga, “tendría que renunciar y luego ser procesada penalmente. Si no es verdad, la elemental decencia impone que pida licencia para defenderse honestamente”.
Incluso Correa cuestiona al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, aliado legislativo de RC, quien este miércoles apareció junto con Diana Salazar y presentó su respaldo a la fiscal del Estado. “¡Cuánto le sabrá Diana Salazar a los socialcristianos y a Henry Kronfle, que se presta para esta payasada! Un presidente de Asamblea con algo de decencia y dignidad lo que haría es formar una comisión, no para atacar o defender a alguien, sino para buscar la verdad”, posteó en su cuenta X (antes Twitter).
Henry Kronfle, tras participar en la ceremonia de relevo de guardia de la escolta legislativa, donde coincidió con la fiscal Salazar, públicamente le reiteró su respaldo. Pero dijo que antes del evento los dos conversaron y están por definir una fecha, luego del receso legislativo, para que Salazar acuda al pleno de la Asamblea a dar “los avances sobre los casos de connotación nacional, para ver cómo van esos procesos”.
Héctor Muñoz, analista político y exlegislador, comentó que está absolutamente claro que la intención del correísmo es “bajarse a la fiscal”, y por ello plantearon el juicio político y para destituirla solo se necesitan 70 voluntades, y a la Revolución Ciudadana solo le falta 19 votos para lograr ese objetivo.
Respecto de los chats difundidos por Aleaga revelando supuestas conversaciones con Salazar, si bien pudo tener un efecto mediático, se tiene que analizar que esos chats necesitan tener la custodia necesaria y verificar si tienen la fidelidad del caso.
“En todo caso es la palabra de quien está prófugo frente a la palabra de la fiscal; yo no creo que tenga ninguna contundencia desde lo jurídico y lo judicial; lo que simplemente están tratando de hacer es minar la imagen de la fiscal y dejando en tela de duda que existe una relación más allá de lo profesional”, anotó Muñoz.
El anuncio realizado por Aleaga de separarse del partido político que lo auspició, añadió Muñoz, tampoco anula las intenciones que tiene esa organización de quitar del camino a la fiscal del Estado, porque el líder de esa organización siempre está en contra de la acción de la fiscal Salazar.
Anunciar una separación del partido, dijo el analista, podría responder a una exigencia de las bases de la Revolución Ciudadana por todo el tema judicial que Aleaga tiene a cuestas y su supuesta relación con el narcotráfico, y con ello, “lavar la cara al movimiento frente a las acusaciones contra el exasambleísta, que tienen bastante peso”.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana Leonardo Berrezueta manifestó que cualquier persona que está en entredicho sobre su imparcialidad en el manejo de una investigación, “simplemente la fiscal o debería retirarse de los procesos judiciales que está impulsando y poder demostrar su inocencia, o en su defecto pedir separarse unos días del cargo de la Fiscalía para que pueda, de manera libre y tranquila, demostrar su participación en estos temas, porque nadie de la noche a la mañana le saca 1.500 chats”.
El representante del Azuay señaló que es importante que la fiscal general del Estado piense en al menos “dejar estos casos en manos del fiscal subrogante, si no renunciar o pedir licencia”.
Berrezueta comentó que se tiene que establecer la veracidad de los chats y para ello existen dos caminos, agregó: en la Comisión de Fiscalización y ante la justicia. “De lo que conocemos, efectivamente, la entidad en donde se ha periciado esa información es absolutamente formal, y además, parece que esa información está siendo entregada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre algunas investigaciones que se están llevando a cabo allá”.
El representante de la bancada RC coincide con el criterio del presidente de la Asamblea de que la fiscal Diana Salazar debe acudir al pleno del Parlamento a informar sobre el avance de los casos de connotación nacional. Pero añadió que debe informar de todos los casos y no solo de aquellos en los que tiene una falta de empatía en contra de sectores políticos.
Fuente: El Universo
ra
