Con diez personas procesadas, de las cuales una tiene arresto domiciliario, otra mantiene un proceso de extradición desde Argentina vigente, contra dos existirían pedidos de difusión roja en Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para su ubicación y captura a nivel internacional, dos empresarias con prisión preventiva y cuatro presentándose periódicamente, es como se cerraron los cuatro meses de instrucción fiscal dentro del caso Encuentro, por el delito de delincuencia organizada.
El 23 de marzo pasado se completaron los 120 días dados por el juez anticorrupción Renán Andrade para una etapa de instrucción fiscal que inicialmente duraría 90 días, pero que luego del 19 de febrero último, con la vinculación de las empresarias Karen C. y Érika F., el proceso penal no solo pasó a tener diez investigados, sino que también se extendió 30.
El 24 de noviembre de 2023 arrancó el proceso legal con la formulación de cargos contra Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso a quien se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario; Hernán Luque Lecaro, expresidente del directorio de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), hoy detenido en Argentina a la espera de que se defina el pedido de extradición hecho por Ecuador; los empresarios Naim M. y Leonardo C., sobre quienes pesa una orden de prisión preventiva y al no ser apresados en el país se solicitó a Interpol que los ubique y detenga en cualquiera de los 196 países miembros de la organización.
Según la fiscal encargada de la investigación, Luzmila Lluglla, lo que existió en el caso Encuentro es un “grupo criminal” estructurado tanto por funcionarios públicos como particulares, quienes tendrían roles específicos y una suficiente capacidad en la dirección de las operaciones delictivas por quienes, dijo, asumieron la “jefatura criminal”. Identificó como líderes de la organización a Danilo Carrera y a Rubén Cherres Faggioni, empresario asesinado en marzo de 2023 en Santa Elena.
En la causa también son investigados Antonio I., exgerente general de CNEL (Corporación Nacional de Electricidad), Roberto B. y Julio L., quienes deben presentarse periódicamente ante autoridades judiciales en Ecuador; mientras que a Jorge O. se le impuso una presentación periódica en una delegación diplomática de Ecuador en Miami, Estados Unidos.
Karen C. y Érika F., quienes según Fiscalía serían parte de al menos seis empresas a las que se les habían entregado contratos de forma irregular con la CNEL, recibieron órdenes de prisión preventiva. La tarde del lunes 25 de marzo último, un Tribunal de la Unidad Anticorrupción negó la apelación a la orden de prisión preventiva que plantearon ambas procesadas, quedando en firme la medida cautelar de privación de la libertad.
Las dos últimas procesadas fueron acusadas por la Fiscalía como presuntas autoras directas del delito de delincuencia organizada, parte del supuesto entramado de corrupción en entidades públicas que habría operado con funcionarios y personas particulares. Versiones, extracciones de equipos electrónicos, pericias a celulares, pedidos de información a instituciones públicas y privadas son, entre otras, las acciones realizadas en 120 días de investigación.
“Estas personas de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y de esta forma interferir en instituciones públicas, como CNEL, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas”, ha anotado Lluglla.
Desde el primer día que fue detenido en Buenos Aires, Argentina, por agentes de Interpol con fines de extradición, el 8 de febrero pasado, abogados trabajarían para evitar que se concrete la extradición de Hernán Luque a territorio ecuatoriano. Luque es considerado pieza clave dentro de una trama en la que se habían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas, como la CNEL, Aduanas del Ecuador y BanEcuador.
El 15 de febrero siguiente, luego que el juez anticorrupción Renán Andrade, a cargo del caso Encuentro, solicitó formalmente la extradición e incluyó la información respectiva sobre el procesamiento penal de Luque y la orden de prisión preventiva que existe sobre él, el presidente encargado de la Corte Nacional, José Suing, entregó a la Cancillería ecuatoriana el pedido que fue remitido a las autoridades argentinas, no solo para que se concrete la extradición de Luque, sino para que él se mantenga detenido mientras se da el trámite.
Desde el lunes 25 de marzo pasado, la Fiscalía General, en su sitio web institucional, hizo públicos extractos de informes con las pericias de interceptación y reportes de telecomunicaciones mantenidas entre Rubén Cherres, varios de los procesados y otras personas, informes de audio y video, pericias de extracción, entre otras informaciones que son parte del expediente.
Entre la información ubicada hay documentos, como hojas de vida, que revelarían la colocación de personas en cargos específicos o conversaciones en las que se hablaría de que integrantes de la mafia albanesa habrían querido asesinar al empresario Rubén Cherres, quien fue hallado sin vida el 31 de marzo de 2023, junto con otras tres personas, en un balneario de Punta Blanca, en el norte de la provincia de Santa Elena.
Una de las transcripciones del expediente del caso Encuentro contiene una conversación en la que se menciona que entre las supuestas intenciones para acabar con Cherres estaría el que él se habría quedado con dinero de los albaneses. La transcripción de ese tema correspondería a una conversación de varias personas en una casa, que fue grabada. Los interlocutores no son identificados con sus nombres y apellidos, sino con siglas como VM (voz de una persona de género masculino) y VF (voz de una persona de género femenino).
Otro tema de conversación que aparece en las pericias de Encuentro es el supuesto costo de los puestos y ascensos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). La charla se habría dado entre Rubén Cherres y el usuario identificado como Juan Carlos P. R.
La Procuraduría General ha presentado el pedido formal para ser acusador particular en este caso contra siete de los procesados: Danilo Carrera, Hernán Luque, Antonio I., Leonardo C., Naim M., Karen C. y Érika F.
En el expediente del proceso aún no consta que la fiscal que tiene a cargo el caso haya informado al juez Andrade del cierre formal de la etapa de instrucción fiscal en el caso Encuentro. Por ende, tampoco se conoce si ha solicitado fecha y hora para una audiencia en la que se dará a conocer su dictamen acusatorio, abstentivo o mixto contra los diez procesados. Esa información se conocerá en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que arrancará por la revisión de vicios de nulidad que, de encontrarse, podrían afectar todo lo actuado en el caso.
Fuente: El Universo
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