Pablo Celi, excontralor del Estado, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres, arremetió contra el fallo en su contra emitido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que lo sancionó con el pago de una multa y la pérdida de sus derechos políticos por haber interferido en la Función Electoral, en medio de un proceso electoral.
Celi se pronunció mediante un comunicado la tarde del 12 de marzo. Expresó que la sanción del juez y presidente del TCE, Fernando Muñoz, no le ha sido notificada legalmente y que la misma “responde al objetivo de blindar a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint y José Cabrera”.
Dijo que esto sienta un “precedente jurisdiccional”, que apareció luego del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que determinó que la renovación de los vocales del CNE puede avanzar, aunque el organismo se encuentre en periodo electoral.
Celi calificó de “disparatada” a la resolución del TCE. Comentó que “se acomoda a las maniobras de las fuerzas cuestionadas en la actual coyuntura política y se adopta al cabo de cuatro años”, cuando se desempeñaba como contralor del Estado y sancionó acciones del CNE por “el ilegal registro de organizaciones políticas y las irregularidades en el sistema de conteo de votos, con los que se distorsionaron los resultados en sucesivos procesos electorales”.
El excontralor insistió que Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el vocal José Cabrera, “se mantienen en funciones prorrogadas, sin ninguna legitimidad y haciendo uso de la convocatoria a elecciones como recursos para no ser removidos de sus cargos, con la protección de los actores políticos beneficiarios de sus actuaciones ilegales”.
Adicionalmente señaló que el fallo del Tribunal Contencioso pone en evidencia su proscripción política y persecución judicial, cuyo propósito era separarlo de la Contraloría y revertir las resoluciones que afectaron los intereses de a quienes acusó de “manipular el sistema electoral y las instituciones democráticas”.
El juez Fernando Muñoz, del TCE sancionó a Pablo Celi, el 11 de marzo, con la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años y el pago de una multa por $ 20.000. Se determinó que el exfuncionario incurrió en una infracción electoral grave.
La causa contra el excontralor fue planteada en 2020 por Vanessa Freire, expresidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), absorbido por el correísmo, ahora llamado Revolución Ciudadana (RC).
Ella acusó a Celi por emitir varios exámenes especiales en los que se recomendó al CNE extinguir a esta y otras agrupaciones políticas del registro nacional al sospecharse de anomalías en las firmas de adhesión que presentaron en el proceso de inscripción.
A criterio del juez Muñoz, la exautoridad de la Contraloría “interfirió en el funcionamiento de la Función Electoral, por cuanto en su calidad de autoridad pretendió imponer al Consejo Nacional Electoral su criterio en un asunto que corresponde a su exclusivo ámbito de competencias”.
El magistrado concluyó que “constituye una interferencia a las atribuciones de la Función Electoral que cualquier servidor público disponga al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral que adopte decisiones que guarden relación con el ejercicio de los derechos de participación política que se ejercen en el contexto de un periodo electoral”.
La resolución del juez electoral es de primera instancia, por lo cual Pablo Celi tiene la posibilidad de apelar el fallo. (I)
