El vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, al concluir su exposición en el juicio político en su contra advirtió a los legisladores tener cuidado que atrás del juicio político esté la mafia del narcotráfico moviendo los hilos; nada hay oculto en esta tierra, tiempo al tiempo, alertó.
El funcionario de la judicatura pidió al pleno de la Asamblea Nacional reflexionar sobre las acusaciones planteadas en su contra que, a su criterio, no tienen asidero porque no ha incumplido ni se arrogó funciones, por el contrario dijo ha honrado a la Asamblea y que es el único vocal que no está involucrado en actos reprochables.
“Cuidado, en este juicio político, esté atrás la mafia del narcotráfico movimiento lo hilos, nada hay oculto en esta tierra, tiempo al tiempo”, subrayó Fausto Murillo, al invitar a los legisladores a acabar con una tolerancia cultural a la corrupción, a la delincuencia, al crimen organizado y al narcotráfico, y dijo que hay que ir por la cultura de la legalidad, la justicia, la Constitución y la institucionalidad.
Dijo que se activa el juicio político porque hoy el país está frente a nuevo concurso de jueces, pues con su moción echó abajo y se declaró nulo el concurso de jueces que llevaba adelante una estructura de corrupción, por eso Fausto Murillo, es un obstructor de la toma de la justicia, y tiene que se censurado y destituido, reflexionó.
Indicó que en febrero de 2023, cuando fue nombrado Wilma Terán, como presidente del Consejo de la Judicatura junto al vocal Xavier Muñoz y la vocal Maribel Barrero, quien sospechosamente no está en este juicio político, formaron una mayoría y en una sola sesión, sin informes, removió a casi todos los directores nacionales, a todos los subdirectores, directores provinciales y en Latacunga la directora puesta por esa mayoría está involucrada y hoy detenida en la cárcel por delitos de corrupción, y esa directora estuvo integrando el comité de recalificación de méritos para el concurso de jueces de la Corte Nacional; y esa mayoría designó como director jurídico al coordinador de despacho de Wilman Terán, y en poco tiempo, lo designaron director provincial de Chimborazo. Ahí no hubo juicio político y tampoco los socialcristianos y la Revolución Ciudadana dijeron hay que pedir cuentas, hubo “mutis en el foro”, reclamó.
El funcionario intervino en el pleno a las 15:45 hasta las 17:15, para presentar sus alegatos de defensa sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas. Luego de su intervención participó en el pleno el ex vocal, Juan José Morillo.
En el proceso se atribuyó cinco cargos en contra de Fausto Murillo; de ellos, se lo involucra en dos delitos: el primero, en un presunto tráfico de influencias sobre un tema en que él que dijo nunca tuvo participación, puesto que el antecedente de ese presunto hecho fue en una reunión en la que participaron los entonces vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno. Afirmó que en esa reunión no ejercía el cargo porque estuvo con licencia antes y después del supuesto hecho.
Señaló que pretende inculparlo de este hecho de manera estratégica para incluirlo en un solo informe en la Comisión de Fiscalización de que sea juzgado políticamente en el mismo proceso junto a Juan José Murillo, cuando las responsabilidad políticas son individuales como lo señala la misma ley orgánica de la Función Legislativa.
Según Murillo, la petición del juicio planteada por el exlegisladora, Luis Almeida (PSC), no invoca una de las causales de las previstas en el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial que tiene relación con la intromisión en el ejercicio de las competencias de los jueces y juezas, fiscales, defensores; la comisión de delitos de concusión, peculado y enriquecimiento ilícito o manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones.
Para incumplir funciones, añadió, se debe poner en un marco de las funciones que le asignan el Código Orgánico de la Función Judicial, pero como es político los sustanciadores del juicio se convirtieron en los agudos acusadores.
Reclamó que las pruebas testimoniales, documentales, audivisuales que presentó no fueron valoradas en el proceso y simplemente fueron enumeradas.
Murillo indicó que se le atribuye el delito de arrogación de funciones y esa acusación la tildó de maliciosa, porque toman como referencia la sentencia de la Corte Constitucional emitida el 26 de septiembre de 2022, donde incluso se altera el contenido de esa sentencia que nunca señala una arrogación de funciones.
