A casi un mes y medio de que el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, recibieron orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga el delito de peculado, ambos apelan la medida cautelar y tendrán una audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el próximo 21 de febrero a las 11:30.
Glas manejará el recurso de apelación estando en la Embajada de México, en Quito, como huésped de un país al que le ha solicitado asilo político, mientras que Bernal en cambio enfrentará la diligencia desde Miami, Estados Unidos, lugar en el que vive junto a su familia. Justamente esas situaciones impidieron, dijo el juzgador, que se les pueda definir medidas cautelares como la presentación periódica, el uso de grillete electrónico, arresto domiciliario o la presentación periódica en la audiencia de formulación de cargos dada el 5 de enero pasado.
En este caso Glas es investigado por sus intervenciones como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Bernal al haber sido secretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortíz, quien cumplió funciones de gerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. A este último se le impuso las medidas cautelares de prohibición de salida del país y la presentación periódica una vez por semana.
Según la fiscal general Diana Salazar, los hechos imputados a los tres exfuncionarios públicos del Gobierno de Rafael Correa radican en el abuso del dinero que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
En este caso se analizan supuestas irregularidades en la contratación de varios proyectos, entre ellos, el proyecto vial Manta-Colisa o la construcción del parque Las Vegas. La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación) fueron adjudicados y establecidos como prioritarios, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto que afectó a varias provincias costeras de Ecuador.
Salazar expuso 85 elementos de convicción para sustentar la teoría del caso. Dijo que la investigación realizada ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron proceso de contratación pública y que para estas obras, incluso, se beneficiaron a empresa relacionadas a familiares de, por ejemplo, dijo Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal.
Presentó versiones e informes en los que se referían a que se definió la reconstrucción de obras que tenían incluso informes que señalaban que no sufrieron daños durante el evento natural.
Contra Glas y Bernal se dispuso que además de la prisión preventiva, se activen todos los protocolos de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para ubicarlos y detenerlos.
Hasta el 2 de febrero pasado el caso Reconstrucción de Manabí estuvo en manos del juez nacional Luis Rivera. Desde esa fecha y luego de que se le notificará con la cesación de funciones por el cumplimiento del periodo de tres años para el que fue designado, el despacho de Rivera lo ocupó la conjueza encargada Rita Bravo, quien integró la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil y ahora también será parte de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional.
A más de la orden de prisión preventiva del caso Reconstrucción de Manabí, Jorge Glas mantiene una orden de detención por incumplir la presentación periódica que se le dispuso al otorgarle las medidas cautelares autónomas que le permitieron, desde noviembre de 2022 hasta el 17 de diciembre de 2023 que ingresó a la Embajada de México, en Quito, mantenerse fuera de la cárcel bajo una “libertad provisional”. (I)
Fuente: El Universo