La Corte Constitucional dio luz verde al pedido de Paola Roldán de despenalizar la eutanasia en Ecuador y en la sentencia que emitió dispone que sea el defensor del Pueblo quien, en el plazo máximo de seis meses desde la notificación de la sentencia, prepare un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos y lo remita a la Asamblea Nacional, la que tendrá un plazo máximo de doce meses para su tratamiento.
La eutanasia de Roldán no dependerá de esa ley, pero los otros procedimientos que se podrían practicar en el país sí. Es probable que este proyecto ya no recaiga en el actual Legislativo ya que sus funciones terminan en mayo de 2025 y ya sería el que elija ese año el que lo discuta. El mismo proceso se cumplió cuando la CC despenalizó el aborto en casos de violación en el 2021 y dio a la Defensoría Pública dos meses para elaborar el proyecto de ley.
El exministro de Salud Camilo Salinas, ahora miembro de la Comisión Permanente de Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, menciona que son más de 300 casos los que a nivel nacional padecen la misma enfermedad de Roldán, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que no tiene cura ni tratamiento para poder mejorarla.
El legislador dice que si bien la sentencia establece plazos sí es posible agilizarlos y que sea la actual Asamblea la que la discuta.
“La Defensoría puede acelerar, optimizar el proyecto en menos tiempo y yo como parte de la Comisión de Salud les puedo decir que tienen todo el apoyo para poder darle agilidad al tratamiento ayer hablé con el presidente Henry Kronfle y él también tiene toda la intención de ayudar de manera inmediata una vez que se ingrese por lo tanto hay voluntad”, comenta y destaca que será una lucha a favor de muchas personas en estado grave o con muerte cerebral que necesitan acceder a una muerte digna.
Como médico, Salinas hace énfasis en que será clave que el proyecto de ley no deje fuera establecer cuáles son las patologías que calificarán para la eutanasia y no dejar nada abierto y también garantizar la objeción de conciencia para que no se obliguen a los médicos a realizarla y para casos de muerte cerebral subraya que deben tomar en consideración que exista la voluntad de algún familiar.
“Nosotros como médicos tenemos el juramento hipocrático, que es salvar la vida sobre todas las cosas, y tenemos un código de ética que fue registrado en 1952. Por eso es importante tener esto claro para que tanto en la ley y en el reglamento no se obligue a ningún médico a hacer este tipo de procedimientos ni que existan presiones desde los altos mandos”, menciona.
Con que el proyecto de ley debe ser claro y no dejar nada abierto coincide la activista provida, Martha Cecilia Villafuerte, quien también es directora y fundadora de la Red Nacional Familia Ecuador.
“Podemos adelantarnos que se viene a un escenario muy terrible para la integridad jurídica de nuestro país. Porque la Corte Constitucional, en el tema del aborto, dispuso que la ley establezca los requisitos para acceder al aborto y meses después, la misma corte, bajo petición de una demanda, suspendió esos requisitos. Entonces, hoy por hoy, la ley de aborto por violación es una ley que no tiene requisitos, no exige los requisitos mínimos básicos para que se cumpla…. qué nos garantiza que con la eutanasia no vaya a ser así”, cuestiona.
La Defensoría, en el caso de la ley del aborto, aseguró que sí siguió una hoja de ruta de acercamiento, socialización, sistematización, análisis y redacción de la propuesta y que contó con el apoyo de expertos nacionales e internacionales, aportes de organizaciones, colectivos sociales de mujeres, feministas, personas de sexo género diversas, mesas técnicas, instituciones públicas y la ciudadanía, y al momento de su entrega indicó que fue construido con varias herramientas técnicas y comparada con legislación de otros países.
Villafuerte dice también que será clave que al regular la aplicación de la eutanasia no termine por ocurrir lo que está pasando en otros países, donde también es legal y que por no establecer correctamente las patologías para la que será legal se la considera una salida para enfermedades relacionadas hasta con la depresión.
La activista cuenta que para el tema del aborto no fueron tomados en cuenta y que espera que la Defensoría no se olvide de los grupos provida, que considera pueden aportar mucho a la elaboración del proyecto.
“Mi organización fue una de las afectadas, no nos dieron apertura. El diálogo para la ley del aborto fue sesgado, parcializado, solo hacia entidades que estaban a favor de esa disposición. No se dio apertura para organizaciones que no nos queríamos oponer, sino aportar para minimizar el impacto de esta ley, o poder poner todos los requisitos necesarios o los candados necesarios para que realmente se cumpla tal como lo dice la Corte”, refiere.
Asimismo, considera que de cara a las elecciones de 2025, en las que se volverá a elegir a los miembros de la Asamblea Nacional y a un binomio presidencial, la eutanasia es posible que se vuelva un tema político como ocurrió con el aborto.
La Corte Constitucional subraya en su sentencia que la decisión no puede verse como una carta abierta a la privación arbitraria del derecho a la vida, ni para que el Estado inobserve su obligación sobre las prestaciones de salud y atención de cuidados paliativos de las personas que deciden ejercer su derecho a la vida bajo las condiciones que genera una enfermedad grave o incurable o una lesión corporal grave e irreversible. (I)
Fuente: El Universo
