El caso de Paola Roldán y de cómo logró tras una demanda el fallo por parte de la Corte Constitucional sobre la eutanasia abre el debate entre las personas que consideran la sentencia como un hito en materia de derechos humanos y los que la califican como “un desconocimiento al concepto de dignidad humana”.
El fallo despenaliza la eutanasia tras una demanda presentada por Roldán, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ella permanece postrada en una cama, sin autonomía en el cuerpo.
Indira Mori, de la fundación Vida, Esperanza y Amor (VEA), no está de acuerdo con la sentencia de la Corte ya que asegura que las personas “no son quienes deciden hasta cuándo vivir”. Sin embargo, dice que no critica la decisión de Roldán al haber colocado la demanda que hoy tiene un fallo a su favor.
Según Mori, es necesario resaltar en la sociedad el respeto a la vida y que los seres humanos deben estar en la tierra para vivir con dignidad.
Por su parte, Marcela Errecalde, cofundadora de Mujeres Libres y Soberanas -organización que presentó amicus curiae durante el proceso-, indica que en la lectura de la sentencia se encuentra que principios básicos que tienen que ver con la eutanasia no se presentan con claridad.
“La Corte nos ha sorprendido porque no solo la sentencia confunde conceptos, declara inconstitucional un artículo del Código de Ética Médica que tiene que ver con que ningún médico está autorizado a abreviar la vida de ningún paciente. Hay una confusión muy grande entre cuidados paliativos y sedación paliativa”, señala.
Para Errecalde, con este fallo se establecen categorías de personas e incluso se introduce un criterio de discriminación.
“Están poniendo a todo el sistema a vivir de acuerdo a los principios morales de la Corte, que es capaz de decir que un principio universal es inconstitucional”, manifiesta la cofundadora de la organización y afirma que esta decisión excede el caso de Paola Roldán y abre la puerta a una práctica que con el tiempo se puede convertir en una forma de acceder a la muerte.
Cita, por ejemplo, que en Países Bajos el total de muertes por eutanasia se elevó al 4 % en 2019, cuando en 2002 era del 1 %; mientras que en Canadá se ubica en el 5,1 % del total de las muertes.
Por ello, añade, en el país no se han calculado las repercusiones que esta sentencia pueda tener.
Desde la visión de Pablo Proaño, experto constitucionalista y cofundador de Fundación Dignidad y Derecho, este fallo no es algo que se debería celebrar ya que tiene varias falencias desde el punto de vista jurídico y social.
“No hace un adecuado análisis respecto a la dignidad de las personas porque considera que algunas, por sus circunstancias, son menos dignas que otras”, anota.
Proaño señala que las personas con lesiones graves o irreversibles y enfermedades graves o incurables no deben ser consideradas una carga para la sociedad. Por ello, dice, con esta sentencia se corre el riesgo de que como sociedad se modifique ese pensamiento y se acerque “hacia una cultura de muerte y de descarte” respecto a este grupo de personas que debe ser protegido.
“La corte no ahonda en la categorización de una lesión grave o irreversible o una enfermedad grave o incurable. Al no tener insumos puede quedar al criterio del médico, si es que no se hacen las precisiones. (…) Esta sentencia pone sobre la mesa un debate muy necesario y que hasta ahora ha existido muy poco respecto de quienes y en qué condiciones van a ser considerados candidatos a este procedimiento”, resalta.
Para Proaño, es necesario que se revise cómo se va a proteger a estos grupos vulnerables. “Habrá que ver cómo se va a proteger a estas personas y de grupos vulnerables y a aquellas personas que quieren evitar un sufrimiento, cuando el Estado debería ser el de la obligación con tratamiento, medicinas y acompañamiento médico”, recalca. (I)
Fuente: El Universo
