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Fiscalía expresa ‘preocupación’ porque ley extinción de dominio no acogió sus recomendaciones

La Fiscalía General del Estado manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, porque no se acogieron las observaciones planteadas durante el análisis del proyecto en la Comisión de Régimen Económico.

La entidad liderada por la fiscal Diana Salazar se pronunció horas después que el pleno de la Asamblea Nacional, la tarde del jueves 8 de febrero, aprobó por unanimidad -129 votos- la norma que fue impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Las recomendaciones que el Ministerio Público indica que no fueron incluidos en la ley tienen que ver con “los tiempos de trámite de investigación y proceso en extinción de dominio, así como a la dependencia (innecesaria) de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada”.
Al respecto, el texto aprobado por la Asamblea redujo de doce a seis meses el tiempo de duración de la investigación patrimonial.
En su momento, la fiscal general pidió a la comisión de Régimen Económico “no colocar una camisa de fuerza” para las investigaciones patrimoniales presumiblemente ilícitas. Que no se baje el tiempo de la investigación.

En el comunicado de la institución se advierte que la reducción del tiempo de tramitación, “lejos de abonar a una efectiva recuperación de capitales ilícitos, limita su accionar al restringir el proceso a periodos que, por la misma naturaleza de esta acción, requieren ser más amplios”.

Así mismo, el Parlamento estableció que la extinción de dominio regirá cuando exista una sentencia condenatoria previa.
Sin embargo, se fijaron tres excepciones para que el proceso pueda ejecutarse sin una condena.

Cuando los Bienes ilícitos sean de propiedad de los Grupos de Delincuencia Organizada determinados por el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) y del Estado o las Naciones Unidas.
Cuando los Bienes injustificados tengan relación de causalidad con el crimen organizado.
Y en delitos flagrantes con relación de causalidad con el crimen organizado.
Para la Fiscalía el contenido de la ley tiene “limitaciones”. No obstante, afirmó que seguirá trabajando en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

La ley aprobada en el pleno ya fue remitida al presidente de la República, Daniel Noboa. El mandatario tiene un plazo de 30 días para pronunciarse.
Si no veta el texto, total o parcialmente, la norma irá directamente al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia. (I)

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